1,4 Millones de familias dominicanas duermen bajo techo ajeno y nadie se inmuta
En República Dominicana hay casas que no son hogares. Mientras el 39,3 % de la población —1,4 millones de familias— aún aguarda la llave de su primera vivienda, el país exhibe una paradoja cruel: la morosidad hipotecaria apenas roza el 0,62 % y la banca tiene 6.266 millones de dólares apostados al ladrillo. El dinero sobra, pero no llega a quienes más lo necesitan.
El cerco invisible que atrapa a la mitad del país
La trampa se activa antes del primer paso. El 54,8 % de los trabajadores está en la economía informal, sin recibo de salario ni planilla que respalde un historial crediticio. Ante ellos, la ventanilla bancaria se convierte en un espejo: refleja la casa soñada, pero no deja cruzar. La cuota inicial exigida convierte el ahorro en una quimera y el alquiler —ahora el 42,5 % de las ocupaciones— se perpetúa como destino, no como puente.
El dato duele más cuando se desmenuza: 391.623 viviendas faltan físicamente, pero el problema mayor es la calidad. Otras 1.073.372 casas existen de nombre: techos que gotean, paredes que apenas aguantan otro huracán, familias que comparten el mismo cuarto para cocinar y dormir. El déficit cualitativo triplica al cuantitativo. La pobreza, en República Dominicana, mide metros cuadrados.
El negocio del ladrillo se volvió alquiler y el estado miró a otro lado
Mientras el sueño de la propiedad se aleja, el mercado inmobiliario ajusta la mira. Promotores que antes levantaban conjuntos para vender ahora ofrecen “rent-to-own” que nunca concluyen en compra. El sector financiero, cómodo con la mora casi cero, prefiere repetir la fórmula ganadora: créditos a empleados públicos o ejecutivos multinacionales. El resto —más de la mitad del país— alimenta la renta mensual de quienes ya tienen.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) no se anda con rodeos: “La informalidad laboral es la barrera de entrada al financiamiento”. Traducción: si tu empresa no te da un papel timbrado, eres invisible para la banca, aunque lleves quince años repartiendo pedidos o vendiendo en la calle. La solución, dice el informe, no es construir más urbanizaciones, sino desbloquear el acceso a la vivienda ya existente.
Microcréditos, garantías estatales y la apuesta por no dejar a nadie afuera
El CAF propone un triángulo de salida: microfinanzas que admitan historiales alternativos —pagos de luz, agua o incluso envíos de remesas—; fondos de garantía que cubran hasta el 30 % del préstamo a quienes ganan menos de dos salarios mínimos; y programas de mejoramiento que conviertan la chabola en casa sin mudar a nadie de barrio. Funcionó en Chile y Uruguay, pero exige una ley que obligue a la banca privada a correr el riesgo que hasta ahora solo corre el Estado.
La última Encuesta Nacional de Hogares ya adelanta el final si nada cambia: en diez años, el 48,9 % de las familias seguirá sin escrituras. El país tendrá más apartamentos vacíos que familias sin techo, porque el modelo sigue premiando al que ya tiene garantía. La República Dominicana que despierta a las seis de la mañana para abrir un puesto de mangú sabe que su problema no es la falta de casas, sino la falta de puertas que se abran cuando se llama.