Alquiler seguro se enfrenta a la justicia: 3,6 millones por prácticas abusivas
Alquiler Seguro ha lanzado una batalla legal contra el Ministerio de Derechos Sociales, reclamando la anulación de una sanción de 3,6 millones de euros. La inmobiliaria, con una sólida base legal respaldada por cuatro sentencias judiciales previas, argumenta que las acusaciones de prácticas abusivas son ‘injustas y arbitrarias’.
Una sanción firme y un expediente complejo
La decisión del ministro Pablo Bustinduy, que consolida la multa impuesta en diciembre de 2025, se sustenta en un expediente sancionador abierto por la Dirección General de Consumo. El Ministerio reprocha a Alquiler Seguro seis infracciones graves y una grave, señalando conductas como la imposición de costes a los inquilinos que corresponden al propietario, la obligatoriedad de seguros del hogar o cargos por reclamaciones ajenas al arrendatario.
Pero la compañía no se amilanó. Según fuentes internas, los tribunales ya han dictado fallos a su favor en casos similares, lo que les otorga una ventaja considerable en la contencioso administrativo que ahora inician. La estrategia, según afirman, es clara: defender la legalidad de sus servicios y desmantelar la acusación de ‘aprovechar su posición de predominio de mercado’.
Cláusulas abusivas y limitaciones al derecho de desistimiento
El expediente detallaba una serie de prácticas cuestionables, incluyendo la inclusión de cláusulas que permitían la incorporación de los arrendatarios a ficheros de morosos sin que existieran deudas exigibles, o la limitación del derecho de desistimiento en contratos. La multa, considerablemente alta –que se desglosa en varias fracciones, incluyendo un millón de euros y otras de 990.900, 500.000, 100.001 y 10.001 euros– obliga a Alquiler Seguro a eliminar estas cláusulas y corregir los incumplimientos detectados, además de publicar la sanción y la identidad de la sociedad responsable. Es un golpe significativo para la empresa, pero también una oportunidad para reafirmar su posición.
La investigación, iniciada a raíz de denuncias de organizaciones como Facua, el Sindicato de Inquilinas y la OCU, se suma a otra ya en curso por hechos similares. La batalla legal se presenta como un punto de inflexión, y el veredicto judicial determinará el futuro de Alquiler Seguro y, potencialmente, el marco regulatorio del sector inmobiliario.