Australia retiene a la agente de pinochet que escapó en 2006 y ahora teme ser juzgada por crímenes de lesa humanidad
La Justicia australiana escuchó ayer el último capítulo del calvario judicial de Adriana Rivas, la exagente de la DINA que limpió casas en Sídney durante tres décadas mientras Chile pedía su cabeza. A sus 72 años, la mujer que se la jugó fugándose en 2006 ahora se aferra a un argumento: si la extraditan, podrían recalificarle los secuestros como crímenes de lesa humanidad. Y eso, en el lenguaje de los tribunales, significa cadena perpetua sin fecha de caducidad.
El abogado de rivas advirtió en la corte federal: «chile puede cambiar los cargos»
El fiscal chileno pide a Australia que devuelva a Rivas por siete secuestros agravados ocurridos entre 1976 y 1977. La defensa, sin embargo, insinuó que una vez en Santiago los fiscales podrían vestir los hechos con la etiqueta de «crímenes de lesa humanidad», un delito que no prescribe y que, además, no existía en el Código penal chileno cuando desaparecieron Víctor Díaz, Reinalda Pereira —embarazada de seis meses— y otros cinco militantes. El truco legal es simple: si la recalificación prospera, Rivas ya no podría alegar prescripción ni beneficios de ley. Australia, por ahora, se ha limitado a aceptar la palabra de Santiago de que solo la juzgarán por secuestro.
El tribunal no se mojó. Dejó el caso «visto para sentencia» sin fecha. Los magistrados saben que cualquier resolución será apelada y que, de confirmarse la entrega, Rivas podría embarcar de inmediato en un vuelo hacia el país que ya se la quedó una vez.
La fuga que nadie contó: de la cárcel chilena a la playa de bondi
Lo que el sumario australiano omite es cómo una mujer fichada por la DINA terminó fregando suelos en Bondi. En 2006 Rivas regresó a Chile, fue arrestada y, mientras la justicia dormía, recuperó su pasaporte y se escabulló de vuelta a Australia. Tres años después, cuando Chile reactivó la solicitud de extradición, Interpol la localizó cocinando desayunos ajenos. Desde entonces lleva 1.622 días entre rejas en la cárcel de Silverwater, un centro de máxima seguridad que alberga narcotraficantes y asesinos a sueldo. El contraste es brutal: la misma mujer que ordenó electrodos en los genitales de prisioneros ahora pide compasión por su edad y sus nietos.
El número que nadie olvida: 1.192 desaparecidos siguen sin nombre
Adriana Navarro, abogada de las víctimas en Sídney, salió ayer de la audiencia con la voz quebrada. «Llevamos más de una década pidiendo que se cumpla la justicia y aún hay familias que no saben dónde enterrar a sus muertos», dijo. El dato es demoledor: de los 3.200 ejecutados y desaparecidos durante la dictadura, 1.192 siguen siendo ceniza sin tumba. Entre ellos, los seis militantes por los que se acusa a Rivas. La abogada recuerda que el secuestro de Reinalda Pereira fue tan brutal que incluso el médico que la atendió el día del parto fue detenido y nunca apareció. «No es solo extradición; es devolverle la dignidad a un país», zanjó.
El fallo puede tardar semanas o meses, pero el reloj ya no corre para la exagente. Si Australia la entrega, Rivas pisará suelo chileno con 72 años y sin posibilidad de fuga. Si la retiene, se convertirá en el primer caso de un represor que logra burlar dos veces la justicia de su país. Mientras tanto, en el juzgado de Sídney solo queda el eco de una frase que una de las hijas de Víctor Díaz le gritó a la prensa: «Que devuelvan a mi padre, aunque sean sus huesos». La sentencia, cuando llegue, no traerá a los muertos de vuelta, pero podría cerrar el último capítulo de una de las fugas más vergonzosas de la historia reciente de Chile.