Benidorm sigue esperando la comisaría que prometieron en 1972
La comisaría de Benidorm huele a humedad y a marihuana quemada. Los agentes ponen cubos cuando llueve y aparcan en un hotel porque no hay sitio para los coches patrulla. Así llevan 52 años. El edificio, diseñado para 25 000 vecinos, agoniza ante 70 000 residentes y hasta 400 000 turistas en agosto. Y el sustituto, anunciado por primera vez en 2002, sigue siendo un agujero en el Salt de l’Aigua.
Un proyecto que nació muerto
En 2016 el ayuntamiento cerró el trámite: suelo municipal cedido, proyecto redactado, 5 000 m² junto a los juzgados. La infraestructura entró en el Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 con 275 millones para comisarías. Pero los presupuestos de 2023 silenciaron a Benidorm: el capítulo desapareció. El Gobierno justificó «repriorizaciones» y «encarecimiento de materiales». El senador del PP Agustín Almodóbar lo llamó «ninguneo». Manuel Soler, del Sindicato Reformista, lo llama otra cosa: «querían inaugurarla ellos, no nosotros».
El resultado es un calabozo para 14 que llega a 25 detenidos, unos vestuarios inundados y una oficina de DNI en alquiler a 400 metros. «En 2014 guardábamos la marihuana incautada en los calabozos; los gusanos trepaban por las paredes», recuerda Soler. La solución fue subir la evidencia a la azotea. Los vecinos se quejaron del olor; los agentes, de los mareos.
900 Millones para 2034 y una ciudad que ya no espera
El Ministerio del Interior asegura ahora que la comisaría está en la segunda fase del PLISE, el plan que repartirá 900 millones hasta 2034. No hay fecha de inicio ni partida concreta. Mientras, los turistas siguen haciendo cola en la acera para renovar el pasaporte y los agentes siguen subiendo escaleras con cubos en la mano. Benidorm, que todo lo vende, aún no ha conseguido venderle al Estado la urgencia de no vivir en el pasado.