Bogotá sacrifica 606 árboles por el corredor verde de la séptima y promete 4.388 nuevos
La Séptima se viste de cemento y despoja de verdor. A menos de 24 horas de que el IDU levantara las vallas en el tramo 119-121, Heidy Sánchez destapó la cifra que nadie quería pronunciar: 606 árboles ya tienen sentencia de tala y otros 555 serán sacados de cuajo con una expectativa de muerte del 70%. La primera línea del corredor verde más ambicioso de Bogotá empieza con una deforestación.
La concejala independiente, que viene denunciando desde 2023 la «bomba ambiental» heredada por la alcaldía López, publicó el permiso de explotación forestal que la Secretaría de Ambiente firmó en silencio el pasado 12 de marzo. El documento, al que tuvo acceso El Ágora, autoriza la intervención de 3.226 ejemplares entre las calles 24 y 200, el trayecto completo del megaproyecto de $1,85 billones que promete reducir a la mitad el tiempo de bus en Usaquén.
La promesa de 4.388 árboles nuevos no convence a los vecinos
El IDU responde con un plan de compensación: sembrará 4.388 árboles nativos, instalará bosques urbanos y 380.000 m² de espacio público renovado. Orlando Molano, director del instituto, insiste en que el contrato es «de cumplimiento obligatorio» y que sin la tala no hay carril eléctrico ni ciclorruta de 12 km. La lógica es implacable: para salvar 600.000 viajes diarios hay que sacrificar 600 troncos hoy.
Pero hay un detalle que retuerce el estómago de los peatones: la mortalidad trasplantada. Los árboles que sobrevivan al desarraigo serán llevados a viveros municipales y, meses después, regresarán a la Séptima. La tasa de supervivencia ronda el 30%, según estudios de la Universidad Nacional que el mismo IDU financió en 2022. Es decir, de los 555 que se mudan, 388 podrían morir lejos de la avenida que los vio crecer.
La ciudad ya ha perdido 4.000 árboles en los últimos tres años por obras de metro, TransMilenio y renovación de aceras. La ONG Salvemos los Árboles advierte que la Séptima sumará una tercera parte de ese déficit en solo 18 meses. «Nos están vendiendo un corredor verde sin verdor», resume su vocera, Ana Milena Salgar, mientras recorre el tramo 99-127 donde mañana desaparecerán 806 ejemplares más.
El acuerdo de escazú que nadie invocó
El artículo 79 de la Constitución y el Acuerdo de Escazú —ley 2273 de 2022— exigen evaluar impactos acumulativos y abrir mesas de participación ciudadana antes de firmar licencias ambientales. Sánchez denuncia que ni la comunidad de Chapinero ni la de Usaquén fueron convocadas. «Nos enteramos por los topes de cemento», dice Carlos Rojas, propietario de un café en la carrera 15 que perderá sus dos ficus de 40 años.
El Ministerio de Ambiente, consultado por este diario, respondió que la licencia es competencia distrital y que solo intervenga si hay quejas formales. La queja ya está radicada: la concejala presentó tutela contra el IDU y la Secretaría de Ambiente por presunta violación del derecho a la participación y al ambiente sano. El juzgado 32 civil debe fallar antes del 15 de abril, cuando empiecen los motores de la sierra en el tramo sur.
Mientras tanto, los buses eléctricos siguen en taller. La flota de 250 unidades llegará en 2027, cuando los 606 árboles ya sean aserrín. La Séptima tendrá sombra de concreto durante al menos dos veranos. El tiempo dirá si los 4.388 prometidos bastan para apagar el calor que dejan los talados. La ciudad, una vez más, paga su modernidad con anillos de crecimiento arrancados a la fuerza.