Bolaños firma el protocolo de abusos sin fijar cantidades: cada caso, su precio
El Gobierno firmó este lunes el protocolo con la Iglesia para indemnizar a víctimas de abusos sexuales sin incluir ni un solo baremo económico. Sin mínimos. Sin máximos. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo defendió con una frase que, según como se mire, suena a garantía o a cheque en blanco: «Una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra». Las víctimas llevan décadas esperando. Ahora tienen un protocolo. Lo que no tienen, todavía, es un número.
Un acuerdo sin cifras que se vende como virtud
Bolaños compareció ante los medios tras la firma con la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, y fue directo al punto más incómodo: el protocolo no establece «ningún criterio económico obligatorio para las indemnizaciones, ni por lo bajo ni por lo alto». Su argumento es que cada caso será estudiado en detalle por expertos independientes, atendiendo a factores como la gravedad de los abusos, la violencia ejercida, la edad de la víctima, la duración y la relación entre víctima y victimario.
Que el protocolo no fije cantidades puede leerse de dos maneras. La primera, la que ofrece el Gobierno: que la individualización protege a quien sufrió más. La segunda, la que muchas víctimas llevan meses advirtiendo: que sin baremos, la discrecionalidad campará a sus anchas y la reparación dependerá de quién evalúe, no de lo que ocurrió. Bolaños eligió la primera lectura. Con convicción, eso sí.
El vaticano, al tanto. león xiv, informado en persona
Hay un detalle que el ministro deslizó casi de pasada y que tiene más peso del que aparenta. El Vaticano conocía el acuerdo «en todo momento», según Bolaños, y durante la reciente visita de los reyes al Papa, hubo oportunidad de trasladar el acuerdo personalmente a León XIV. Que Roma esté en el bucle no es un trámite protocolar. Es una señal de que este proceso no va a descarrilar por un portazo desde el Vaticano, algo que en negociaciones anteriores con la Iglesia española no siempre estuvo garantizado.
El dinero que cobren tributará, de momento
Otra grieta visible en el protocolo: las compensaciones no quedan exentas del IRPF. Bolaños lo reconoció y anunció que el Gobierno trabaja en aprobar «una norma con rango de ley» para corregirlo, confiando en que estará lista «en fechas relativamente tempranas». Una víctima que reciba una indemnización por los abusos que sufrió de niño tendrá que declarar ese dinero a Hacienda hasta que esa ley exista. No es un detalle menor. Es una paradoja que el propio Ejecutivo reconoce que debe subsanarse.
El plazo operativo arranca el 15 de abril. Bolaños indicó que habrá que hacer «una pequeña modificación en la estructura del Ministerio» para estar preparados en esa fecha y que las víctimas puedan comenzar a solicitar su reparación.
Gabilondo y el reloj de cinco meses
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, fue el más explícito en reconocer lo que todos en la sala sabían: «La respuesta es tardía». Dicho esto, explicó el mecanismo: un grupo de profesionales independientes valorará cada solicitud, la unidad del Defensor elaborará una valoración en un plazo de tres meses, y la comisión asesora PRIVA tendrá otros dos meses para pronunciarse. Cinco meses, en total, para cada caso. Gabilondo insistió en que el objetivo es evitar la revictimización, que el solicitante no tenga que ir de ventanilla en ventanilla repitiendo su historia «a ver a quién convence más».
El presidente de la CEE, Luis Argüello, fue el más honesto sobre los límites de lo firmado. Reconoció que «hay ámbitos donde la reparación integral es imposible» y que algunas víctimas no acudieron a la vía eclesiástica porque «no confiaron en las diócesis ni en las congregaciones». Eso, dicho por el presidente de los obispos españoles, es bastante más que una concesión retórica.
El presidente de Confer, Jesús Díaz Sariego, resumió la posición de los religiosos con pragmatismo descarnado: «Siempre es preferible intentar un acuerdo, aunque no sea perfecto, que un no acuerdo». Nadie en la sala lo rebatió. El protocolo existe. Lo que falta por saber es cuánto vale, en euros contantes y sonantes, el dolor de quienes llevan décadas esperando que alguien, por fin, les diga que les creyeron.