Bruselas abre la caja fuerte de la economía social: 2.800 millones y 21 países ya se han subido al carro
La Comisión Europea ha sacado la calculadora y el resultado es demoledor: la economía social ya mueve en Europa 2.800 millones de euros en fondos y garantías, pero sigue siendo un gato al que le cuesta colarse en el banco. El informe que ha publicado este lunes dibuja un mapa de luces y sombras: 21 gobiernos han puesto en marcha estrategias nacionales, doce han cambiado leyes y, aun así, las cooperativas, asociaciones y fundaciones siguen chocándose contra el mismo muro de siempre: el dinero no fluye.
El dinero existe, pero no llega
Entre 2021 y 2027 bruselas ha desbloqueado 1.620 millones de euros directos y 1.200 en garantías a través de InvestEU. Una cifra que, vista desde fuera, parece un río caudaloso. Sin embargo, en la práctica se convierte en un goteo. La mayoría de proyectos sociales y medioambientales —vivienda asequible, cuidados, inserción laboral— necesitan menos burocracia y más velocidad. Roxana Minzatu, vicepresidenta para Derechos Sociales, lo resume con una frase que suena a advertencia: “La economía social es ya un motor de resiliencia, pero si no desatas los embotellamientos financieros, el motor se ahoga”.
El problema no es de volumen, sino de circuito. Las entidades sociales no tienen colaterales bancarios tradicionales; sus beneficios se miden en vidas mejoradas, no en balances. Por eso, cuando la Comisión habla de “clarificar las ayudas de Estado” o “facilitar la inversión privada”, lo que pide en realidad es que alguien traduzca el impacto social a un idioma que entienda la banca. De momento, solo el 25 % de los proyectos que lo solicitan logran financiación privada adicional. El resto sigue dependiendo de subvenciones que llegan tarde o que exigen contrapartidas imposibles.
La ciudadanía ya ha votado con los pies
El Eurobarómetro de octubre desvela un dato que los políticos deberían grabarse a fuego: la mitad de los europeos ha colaborado con una entidad social en los últimos cinco años. Son 190 millones de personas que donan tiempo, dinero o ambos. El 75 % considera que estas organizaciones hacen mejor la sociedad que muchos gobiernos. Y aquí aparece la paradoja: cuanta más confianza despiertan, más se les exige transparencia y eficiencia, pero menos herramientas se les da para conseguirla.
Más de 4,3 millones de entidades generan 11,5 millones de empleos en la UE. Son cifras oficiales, pero la sensación que dejan los informes es que siguen siendo el pariente pobre del capitalismo. En Francia, por ejemplo, las cooperativas de vivienda han multiplicado por tres su parque en una década, pero necesitan avales públicos para acceder a terrenos. En España, las sociedades laborales crean empleo un 18 % más rápido que la media, pero el 60 % de sus proyectos se quedan en el cajón por falta de 200.000 euros iniciales. El mismo guion se repite en Polonia, Grecia o Portugal: la sociedad civil ha crecido, pero el andamiaje financiero sigue siendo de cartón piedra.
El próximo ciclo decide si esto es un eslogan o un modelo
bruselas ha marcado cuatro tareas para los próximos dos años: simplificar ayudas de Estado, abrir canales de inversión privada, contar mejor lo que hacen y bajar la estrategia a los ayuntamientos. Ninguna es nueva. Lo que cambia es el contexto: la inflación energética, la guerra en Ucrania y la reconversión industrial han convertido la economía social en un comodín político. Aprieta una tecla y aparece la solución mágica: cooperativas de energía verde, cuidadores de larga duración, huertos urbanos, bancos de tiempo. Aprieta otra y descubres que la mayoría siguen siendo microiniciativas que sobreviven gracias al voluntariado.
El verdadero termómetro estará en 2025, cuando se revise el próximo marco financiero. Si entonces los Estados miembro no destinan al menos un 10 % de los fondos Next Generation a estructuras sociales, el informe de 2027 volverá a leerse como una coletilla. Mientras tanto, la economía social seguirá siendo el parche que Europa se pone para no reconocer que su modelo productivo genera demasiadas exclusiones. Y las 11,5 millones de personas que trabajan en ella seguirán demostrando, día a día, que otra forma de hacer negocio es posible. Aunque para eso tengan que inventarse, una vez más, su propio banco, su propia ley y su propio futuro.