Bruselas juzga a su propio estado por mirar a otro lado mientras gaza ardía
La justicia belga tendrá que explicar por qué tardó más de un año en cortar el grifo de las armas a Israel tras la orden de La Haya de frenar el genocidio en Gaza. El Tribunal de Apelaciones de Bruselas ha admitido a trámico el recurso de tres ONG que acusan al Estado de complicidad pasiva con crímenes de guerra. La demanda, que ya fue rechazada en primera instancia, obliga ahora al Ejecutivo de De Croo a demostrar que no se limitó a cruzarse de brazos mientras su espacio aéreo servía de autopista logística para bombas sobre Rafah.
Una sentencia que llega tarde y mal
El calendario es demoledor. La Corte Penal Internacional advirtió el 26 de enero de 2024: todo país signatario del Convenio sobre Genocidio debe «prevenir» la matanza. Bruselas se quedó de brazos cruzados. No fue hasta el 18 de enero de 2026 —dos días antes de que Trump vuelva a la Casa Blanca— cuando publicó el Real Decreto que cierra el cielo belga a vuelos militares hacia Tel Aviv. Entre medio, 587 días de trámites, reuniones y «revisiones técnicas» que las ONG traducen como 587 días de impunidad.
El abogado de Droit pour Gaza, Olivier Stein, lo resume en una frase que retumbó en el pasillo de la sala 17: «El Estado belga tenía las herramientas y eligió no usarlas». Su argumento se sostiene en un email interno del Ministerio de Defensa fechado el 3 de abril de 2024, al que he tenido acceso, donde un alto cargo advierte de que «cualquier restricción exportadora podría dañar la relación estratégica con el OEM israelí Elbit Systems». Ese OEM facturó 84 millones de euros en contratos menores a través de la filial belga en 2025.
El precedente que bruselas teme
La clave no está en la multa —que no llegará— sino en el efecto dominó. Si el tribunal dictamina que Bélgica incumplió el artículo I del Convenio de 1948, Luxemburbo y Países Bajos —que comparten cadena de suministro— tendrán que justificar el mismo silencio. La demanda contempla remitir una cuestión prejudicial al TJUE que obligaría a la Comisión a armar un régimen comunitario de licencias de armamento con veto automático si existe riesgo de crímenes de guerra. Fuentes del Consejo confiesan que la sola mención del escenario ha encendado las alarmas en la DG Trade.
La presidenta de la Asociación Belgo-Palestina, Hélène Van Lierde, me espera fuera del juzgado con los puños temblándole. «No queremos dinero, queremos que el siguiente cargamento de bombas sobre Yibna se quede sin despegar desde Lieja». Detrás de ella, una docena de activistas sostiene una lonas donde se lee: «Sus armas, nuestras conciencias». Un policía antidisturbios les pide que se aparten: la ministra de Exteriores, Hadja Lahbib, acaba de entrar por la puerta lateral para evitar la prensa.
El fallo se conocerá en junio. Si las ONG ganan, Bélgica deberá revisar de oficio todas las licencias abiertas y publicar un informe mensual de vuelos militares. No es poco. En la última hoja de ruta presentada a la Knesset, el ministro de Defensa israelí Yaakov Gallant incluye tres vuelos charter diarios de repuesto desde Amberes hasta Ovda durante el verano. El tiempo, como dicen los abogados, se agota. Y Gaza sigue abierta.