Caen los amos de los 'pisos patera' de utrera: 7 detenidos y 14 mujeres rescatadas
Las llaves de los 'pisos patera' de Utrera ya no abren ninguna puerta. Una red que captaba mujeres en situación extrema de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente ha caído tras ocho meses de seguimiento conjunto entre Policía Nacional y Guardia Civil. El resultado: siete arrestos, cuatro de ellos en prisión inmediata, y 14 víctimas identificadas entre muros de hongos y colchones sin sábanas.
La operación pso desmonta una organización jerárquizada y armada
El cabecilla, un hombre de 38 años con antecedentes por tráfico de drogas, controlaba cada euro que entraba en los apartamentos. Recaudaba el dinero de las violaciones, pagaba la cocaína que mantenían dopadas a las mujeres y compraba armamento para proteger su feudo. En su chalet de dos plantas hallaron una pistola 9 mm, 40 000 euros en efectivo y dos coches de alta gama que usaba como tarjeta de presentación.
Los investigadores detectaron la actividad del grupo en junio de 2025, cuando el jefe empezó a mover cantidades sospechosas de dinero en efectivo por bares y gestorías de Utrera. Lo que parecía blanqueo de drogas derivó en algo peor: una arquitectura criminal que combinaba narcóticos, prost forzada y tráfico de personas. En los 12 registros practicados el 3 de marzo encontraron 350 plantas de marihuana en plena floración, 30 gramos de cocaína y una bolsa de heroína lista para la venta callejera.
Pero lo que más escaló la investigación fue la documentación incautada: agendas con anotaciones de ingresos por 'servicios' —140 euros la hora, 50 euros la media— y listas de deudas de las mujeres que no podían pagar el alquiler de la habitación. La letra del cabecilla es clara: «Si no trabajan, no comen».
El negocio de la desesperación: 14 mujeres atrapadas en pisos infestados
Las víctimas, todas extranjeras y en situación irregular, vivían hacinadas en viviendas de alquiler que el grupo convertía en estancias de 20 m² con colchones en el suelo y cortinas en vez de puertas. La electricidad se pirataba del contador comunitario y el agua caliente era un lujo que solo llegaba después de medianoche, cuando bajaba la vigilancia policial.
La explotación sexual no era el único delito. El grupo falsificaba contratos de trabajo para obtener permisos de residencia y luego chantajeaba a sus propias víctimas: «Si denuncias, te quedas sin papeles y sin techo». Así mantenían el círculo cerrado: miedo, dependencia y silencio.
La Guardia Civil ha confirmado que varias de las mujeres rescatadas presentan signos de agresión física y consumo forzado de anabolizantes para soportar jornadas maratónicas de clientes. El dispositivo de protección ha trasladado a las víctimas a centros de acogida especializados y ha activado el protocolo de asilo humanitario.
El caso aún no está cerrado. Los agentes analizan 15 teléfonos y cuatro ordenadores que podrían incrementar la cifra de detenidos. El juez de instrucción número 3 de Sevilla ha decretado secreto de sumario sobre la identidad de los clientes que frecuentaban los pisos. Entre los investigados figuran dos funcionarios públicos y un empresario hostelero de la Costa del Sol. La operación PSO ha demostrado que detrás de cada puerta sin timbre puede esconderse un mercado de carne humana.