California reescribe las reglas de los fuegos artificiales tras la masacre de esparto
Siete cadáveres, una nube de pólvora y 37 grietas legales. El informe que el gobierno de california ha entregado a las familias de Esparto no es un simple catálogo de errores: es la radiografía de un sistema que permitió que un condenado por armas de fuego almacenara toneladas de pólvora en suelo agrícola sin que nadie lo molestara hasta que estalló el 1 de julio de 2025.
El truco legal que mató a junior meléndez
Kenneth Chee, dueño de Devastating Pyrotechnics, obtuvo la licencia estatal para manipular fuegos artificiales a pesar de que la ATF le había cerrado la puerta por un delito grave con armas. ¿El truco? La norma de california exige menos requisitos que la federal. Con ese permiso en la mano, Chee ni siquiera necesitó acudir al ayuntamiento de Esparto a pedir licencia municipal. El condado de Yolo lo sabía, consta en actas, y se limitó a girar la cabeza.
La parcela agrícola albergaba dos empresas —Devastating Pyrotechnics y Blackstar Fireworks— que multiplicaron su inventario mes tras mes. La última factura, de 50 000 libras de material explosivo, llegó tres semanas antes de la explosión. Ninguna inspección estatal pisó el lugar en los cinco años previos; la tarea recaía en unos servicios locales que nunca recibieron la alerta.
El cambio que empieza en las cenizas
El informe de la task force estatal, adelantado a El Ágora, convierte en obligatoria la visita física de inspectores a cada almacén de fuegos artificiales con licencia. Además, obligan al titular a demostrar que también cuenta con permiso municipal antes de que la licencia estatal se active. La norma, que se aplicará de inmediato, cierra el «vacío Esparto», como lo han bautizado los bomberos.
Daniel Berlant, jefe de bomberos del estado, admite que la reforma «llega tarde, pero con la suficiente fuerza como para que ningún otro Chee repita la jugada». El próximo 21 de abril, el Comité Asesor de Fuegos Artificiales validará el texto definitivo; los cambios que requieren nueva ley ya tienen un grupo de legisladores de Yolo redactando el proyecto.
Lupe Meléndez, madre de Junior, no se conforma: «Quiero nombres. Quiero que alguien devuelva los días que no voy a abrazar a mi hijo». La mujer, que ha revisado cada página del informe, exige que se depuren responsabilidades políticas. El gran jurado civil ya avisó: decenas de funcionarios conocían la irregularidad y la ignoraron. El informe técnico no habla de sanciones; la presión de las siete familias puede convertirse en la siguiente explosión.
Mientras, en california se han incautado más de 500 000 libras de fuegos ilegales desde enero. La cifra habla por sí sola: la pólvora sigue llegando, solo que ahora el estado ha prometido revisar cada caja. No es un plan perfecto, pero es la primera vez que la administración reconoce que el fuego no arranca solo con un mechero: arranca con un papel sellado que nunca debió firmarse.