Cáritas denuncia que las empleadas de hogar siguen siendo invisibles para la ley
El 30 de marzo no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el día en el que se recuerda que una de cada dos trabajadoras del hogar en España sigue sin contrato y que, entre las que sí lo tienen, muchas firman jornadas de 24 horas de disponibilidad por 900 euros al mes. Cáritas ha alzado la voz esta mañana para recordar que la reforma laboral que las incluyó en la protección por desempleo no ha servido para que dejen de ser ciudadanas de segunda.
La interna que nunca cuelga el delantal
En el barrio de Vallecas, Marta —nombre ficticio— lleva ocho años durmiendo en la misma habitación donde plancha, cocina y cuida a una anciana de 94 años. Su jornada legal son 40 horas semanales, pero su jornada real empieza a las 7.00 y termina cuando la señora se duerme, pasadas las 23.00. «Me pagan el salario mínimo y me dan las dos horas de descanso que marca la ley, pero no me puedo ir a casa porque vivo allí», cuenta. Su caso no es una excepción: el 45% de las empleadas del hogar son extranjeras en situación regular y, entre ellas, la mitad procede de América Latina. La otra mitad, la que está en situación irregular, ni siquiera aparece en las estadísticas.
Cáritas ha puesto cifras al drama: más del 80% de las trabajadoras internas superan las 40 horas efectivas y el 35% no ha firmado un contrato en toda su vida laboral en España. «Se les exige que paguen cotizaciones como a cualquier empleada, pero no se les garantiza una inspección que valore si se respeta su descanso», explica Mariano Pérez, responsable del área de Infancia y Familia de la organización. La entidad ha reclamado al Gobierno medidas de apoyo a la contratación paralelas a las que ya existen para otros sectores, como bonificaciones a las empresas que fijan a jóvenes o reducciones de cuotas por transformación de contratos temporales en indefinidos.
El negocio de la invisibilidad
La patronal del hogar, que agrupa a unas 600 agencias, se escuda en que «la negociación es individual» y que «no pueden imponer condiciones» a las familias. Pero lo que no dice es que el 60% de los contratos se firman por horas inferiores a las reales, lo que deja a las empleadas fuera del paro y de la jubilación completa. «Es un círculo vicioso: cuanto más se legaliza, más cara se vuelve la trabajadora y más se empuja a la economía sumergida», admite una fuente del sector que pide el anonimato.
La solución, según Cáritas, pasa por desmontar el argumentario de que «cuidar a la abuela es un favor». «No es un favor, es un trabajo que genera 7.000 millones de euros al año en España y que sostiene la vida de 1,8 millones de personas mayores», sentencia Pérez. La entidad ha lanzado una campaña para que las familias firmen contratos reales, paguen las horas que se duermen en casa ajena y clasifiquen las tareas: limpieza es limpieza; cuidado de personas es cuidado de personas. «No se le pide al fontanero que, de paso, arregle la caldera», ironiza.
El Gobierno se ha comprometido a estudiar la petición, pero no hay fecha. Mientras tanto, Marta sigue durmiendo con el delantal colgado de la silla y la esperanza de que, algún día, su nombre aparezca en la nómina con las mismas letras que el de cualquier empleada de oficina. La cifra habla por sí sola: el 95% de esos rostros son de mujer y el 100% sigue esperando que la ley las mire a los ojos.