Castilla-la mancha lleva al supremo al gobierno por el tajo-segura: 15.148 hm³ y contando
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a su departamento jurídico para demandar al Ministerio para la Transición Ecológica ante el Tribunal Supremo. La razón: el Ejecutivo central lleva dos años incumpliendo su propio calendario para revisar las reglas del trasvase Tajo-Segura. La cifra ya roza los 15.148 hectómetros cúbicos derivados a la Comunidad Valenciana y Murcia en lo que va de año, cerca del techo legal de 600 hm³ anuales.
El agua que no regresa
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, no ha escondido el tono de enfado: “Queremos darle un empujón al Estado, que parece que todavía le falta”. La frase suena a ultimátum y resume el hartazgo regional ante lo que consideran “incumplimientos continuados”, desde el caudal ecológico hasta la protección de cinco espacios de la Red Natura 2000 que, según una sentencia del Supremo de 2025, sufren un daño “irreparable”.
El Gobierno regional esperó a que se resolvieran los recursos presentados por la Diputación de Alicante y el Sindicato Central de Regantes (SCRATS). Las sentencias llegan el 21 de abril y el 5 de mayo, respectivamente. Pero la paciencia se agotó. “No podemos mirar cómo se vacía el Tajo mientras en nuestra región se paralizan regadíos y desarrollos industriales”, ha advertido Gómez.
Récord en 47 años
La infraestructura cumple 47 años y nunca había transferido tanto agua tan rápido. Si se mantiene el ritmo actual, 2025 batirá todos los registros con más de 555 hm³ trasvasados. Eso supone el 73 % del total movido en los últimos años y deja a la cuenca cabecera al borde del colapso ecológico. La ironía es cruel: mientras el Levante riega campos de golf, en Cuenca y Albacete se restringen licencias urbanísticas.
El recurso contencioso-administrativo busca medidas cautelares que frenen el grifo hasta que el Supremo fije nuevas reglas de explotación. La jugada es arriesgada: si el tribunal no las aprueba, la comunidad quedará expuesta a un largo proceso judicial sin freno inmediato al trasvase. Pero el riesgo de no actuar, según Gómez, es “condenar a la cuenca alta a convertirse en un desierto administrativo”.
La partida de póker jurídico está servida. El 21 de abril se conocerá si la estrategia de Alicante prospera. El 5 de mayo, si la de los regantes. Castilla-La Mancha ya no apuesta solo a una carta: ha decidido jugarla toda.