Chile despliega inspectores en fábricas y obras para cazar migrantes sin papeles
La piña del asfalto ya huele a operativo. Frank Sauerbaum, jefe de Migraciones, avisó que los funcionarios de su repartición van a entrar en las empresas —sí, dentro— a revisar nóminas y carnets. No habrá denuncia exprés, promete, pero tampoco café de bienvenida. La misión: detectar a los 337 000 migrantes que trabajan sin visa y de paso apretar a los empleadores que se hacen los suecos.
La jugada nace de un dolor de cabeza real. En Chile ingresar por un paso no habilitado es solo falta administrativa: multa y pa’l taxi. Las compañías, entonces, cumplen la ley laboral —pagan cotizaciones, entregan liquidaciones — pero ignoran la ley de migraciones. «La inspección del trabajo no pregunta por visas», reconoció Sauerbaum en radio La Tercera. El vacío legal se convirtió en negocio redondo: mano de obra barata, sin responsabilidad penal para el patrón.
El decreto fantasma de boric que paró kast
El escenario se complicó cuando el gobierno saliente firmó a escondidas un decreto para regularizar a 182 000 extranjeros empadronados. La firma cayó una semana antes de que José Antonio Kast tomara La Moneda. El documento duró lo que un suspiro: el nuevo mandatario lo congeló nada más llegar. «De ese grupo, 6 000 tienen antecedentes penales», tiró Sauerbaum para justificar el frenazo. La calle entendió el mensaje: la derecha populista cumple promesa de campaña y aprieta el grifo migratorio.
Kast ya no habla de “retorno voluntario”. Ahora promete sancionar a quienes ayuden a cruzar la frontera y convertir la entrada ilegal en delito penal. Mientras tanto, en Arica, máquinas excavadoras levantan una barrera física de tres metros sobre el desierto. La primera losa se colocó 48 horas después de la posesión. Ni discurso de bienvenida: cemento y alambre de púas.
El plan divide a los empresarios. El gremio de la construccón calcula que uno de cada cuatro obreros de sus obras carece de visa. Si Migraciones empieza a pedir papeles, las licitaciones se irán al tintero y el cemento subirá de precio. El sindicato de camareros, en tanto, teme que la hostigada plantilla de cocina —venezolanos, colombianos, peruanos— desaparezca de golpe y deje colgados a 3 000 restaurantes.
Sauerbaum insiste en que no será una «caza de brujas». La frase suena a oxímoron cuando el propio presidente viajó a la frontera con chaleco antibalas y un séquito de cámaras para inaugurar el muro. La disuasión, en este caso, se mide en metros de hormigón y en listados de inspectores con poder de allanamiento.
El dato que nadie menciona en voz alta: Chile necesita 300 000 trabajadores más para sostener el 2 % de crecimiento que promete el ministro de Hacienda. Echar a la mitad de los migrantes irregulares es, cuanto menos, un experimento de laboratorio en plena desaceleración. La economía chilena se juega la próxima cosecha de uvas, la próxima losa de asfalto, el próximo plato de comida a domicilio. Ahí, en esa encrucijada, Sauerbaum y sus inspectores van a tocar puertas. Y los empresarios, entre la multa y el colapso, ya empiezan a revisar contratos con lupa.