Colombia duplica el dinero del pae y llevará la comida a las casas de 722.000 niños
El Estado pasará de $1,56 billones en 2022 a casi $3 billones en 2026 para que los niños no dejen de comer cuando las aulas estén vacías. La cuarta parte de ese dinero se irá directo a canastas que llegarán a los ranchos de 128 municipios que ni el Google Maps termina de ubicar.
Sebastián Rivera, el hombre que maneja la Uapa, lo resume así: “Este año será el de la cobertura histórica”. Ya hay 5,1 millones de estudiantes dentro del programa; faltan 1,1 millones para cerrar el cupo y el ministerio apuesta a que el 99 % esté cubierto antes de que termine el mandato de Petro. La jugada no es solo social: cada niño alimentado es un voto a futuro que no hay que dejar escapar.
De la pandemia a la montaña: la modalidad que se queda
La canasta escolar nació en la covid-19 para que los profesores no perdieran el contacto con la comunidad. Ahora se convierte en política de Estado. Entre 2022 y 2025 se entregaron 2,5 millones de bultos; para 2026 sumarán 722.000 adicionales y la excusa ya no es el virus, sino la miseria geográfica. A los niños de Guainía o el sur de Bolívar les cuesta más llegar a la escuela que recibir la comida en casa.
El truco está en el presupuesto. El Gobierno nacional pone el grueso, pero gobernaciones y alcaldías aportan regalías y recursos propios. Así el pastel crece de $4,33 billones en 2022 a $7,24 billones en 2026. La contraparte municipal ya no puede hacerse la loca: si no pone la cuota, pierde el cupo de la Uapa y la comunidad se lo hace saber en las urnas.
Soacha, malambo y los distritos que nunca entraron
Hasta ahora 21 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) daban casi el 95 % de cobertura. La meta es llegar a 54, incluyendo parches urbanos que parecen ciudades pero viven como pueblos: Soacha, Malambo, Valledupar. Allí el hambre se disfraza de desplazamiento y malas calificaciones. La Uapa les exige a los alcaldes firmar el Pacto por el PAE, un documento que huele a cláusula de prestación social y que, en la práctica, funciona como contrato de permanencia política.
Rivera lo deja claro: “El aumento de recursos debe traducirse en más atención real”. Traducción: si el alcalde usa el dinero para ponerle asfalto al barrio de la suegra, la Uapa le baja la cobertura y el ministerio le abre investigación disciplinaria. El control es tan ferreo que hasta los contratos de arroz y lentejas pasan por auditoría de la Procuraduría.
El receso ya no será sin desayuno
La gran novedad del segundo trimestre de 2026 es que las canastas llegarán en vacaciones. El argumento: el hambre no tiene calendario escolar. La inversión de $83.700 millones garantizará que los niños coman en Semana Santa y en julio, cuando las aulas están cerradas y los padres pierden ingresos por ser temporada baja en construcción y servicios.
El dato que nadie dice: cada canasta cuesta aproximadamente $116.000 y contiene 12 kilos de arroz, 4 de lentejas, 3 de fríjol, 2 de aceite, 1 de azúcar, 1 de sal y 1 de chocolate de mesa. Es decir, lo que una familia pobre gasta en alimentos básicos en un mes. El Estado lo regala y, de paso, blinda la asistencia escolar: un niño con barriga llena no falta a clase.
El reto que no aparece en los papeles
La logística es un infierno. Para llegar a 128 municipios de difícil acceso la Uapa contrata lanchas, mulas y hasta drones en el Pacífico. El costo del flete se come el 18 % del valor de la canasta, pero el ministerio prefiere eso a ver cómo baja la cobertura. La otra pesadilla es la inflación: el kilo de arroz subió 25 % en 2024 y el presupuesto no se actualiza automáticamente. La solución: renegociar contratos cada trimestre y amenazar con multas a los proveedores que se retrasan.
El cierre es brutal: 6,2 millones de niños comerán gracias a que el Estado decidió que la educación también se mide en plato. El resto del cuento lo escribirán los alcaldes: si roban, la Uapa les quita la llave del depósito; si cumplen, la recompensa es un país donde el hambre deja de ser excusa para no aprender.