Desigualdad fiscal: el sistema autonómico, en la cuerda floja
Madrid se enfrenta a una incómoda realidad: las diferencias fiscales entre las comunidades autónomas están generando una brecha cada vez mayor entre los ciudadanos, dependiendo de dónde residan. El Consejo General de Economistas (CGE) ha lanzado una severa advertencia, instando a una reforma urgente del sistema de financiación autonómico, que, según sus expertos, se ha convertido en un laberinto normativo.
La explosión normativa: más de 1.100 cambios fiscales al año
El informe “Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2026” revela la magnitud del problema: más de 1.100 modificaciones normativas en materia fiscal solo durante el último año. Miguel Ángel Vázquez Táin, presidente del CGE, ha denunciado esta “vorágine normativa” que dificulta, casi hasta la imposibilidad, que los ciudadanos comprendan las normas fiscales que les afectan. Un ciudadano común se ve abocado a la complejidad, cuando debería primar la claridad.
La recaudación autonómica ha experimentado un notable repunte, con un aumento del 16,5% en 2023, impulsado principalmente por el crecimiento del IRPF, que ha subido un 21,13%. Pero esta bonanza general no compensa las disparidades que se están produciendo.
El irpf: donde la autonomía marca la diferencia
Uno de los focos de atención es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Aunque a nivel estatal se mantiene un margen de mejora en la deflactación de la tarifa y la actualización de los mínimos personales y familiares, la realidad es que la diversidad normativa entre las comunidades es cada vez mayor. La tarifa estatal oscila entre el 9,5% y el 24,5%, pero ninguna comunidad la reproduce fielmente, generando tipos marginales agregados que superan el 50% en territorios como la Comunitat Valenciana, Navarra y La Rioja.
La consecuencia es clara: un contribuyente con una renta de 30.000 euros puede pagar hasta 350 euros más, mientras que otro con 70.000 euros puede llegar a pagar 760 euros más, simplemente por la inflación no compensada en el impuesto.
Sucesiones y donaciones: la desigualdad se agudiza
Pero la situación es aún más alarmante en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Un residente en Asturias, por ejemplo, podría llegar a pagar hasta 100.000 euros más que en las Islas Baleares, Galicia, Cantabria o Andalucía por una herencia de 800.000 euros. En el caso de donaciones, la brecha se amplía, con diferencias de hasta 200.000 euros entre Extremadura y Cantabria o las Islas Baleares.
El CGE ha puesto sobre la mesa un problema que va más allá de las cifras. Se trata de una cuestión de justicia fiscal y de igualdad de oportunidades. La actual configuración del sistema autonómico, con su laberinto de regulaciones y sus disparidades en la tributación, está creando ciudadanos de primera y segunda clase, dependiendo de su lugar de residencia. La reforma, ya no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar un sistema fiscal más equitativo y transparente.
El informe del CGE, que alcanza su vigésimo quinta edición, sirve como un contundente recordatorio de la necesidad de un debate profundo y de una acción decidida para corregir estas desigualdades. La estabilidad económica y la confianza en el sistema tributario dependen de ello.