Dos taxis, dos crímenes y un dueño que niega todo: la flota de $800 millones bajo la lupa
Fredy Alexánder Ayala Santamaría, de 29 años, tiene 30 taxis en la calle y dos de ellos aparecen en los expedientes del asesinato del profesor Neil Cubides y del secuestro de Diana Ospina. El dueño asegura que solo alquila los carros, que firma contratos y que luego la suerte se encarga. La Fiscalía cree que la historia tiene más capas.
La línea que separa al arrendador del cómplice
Ayala se presenta como estudiante de derecho y trabajador de un tribunal. Dice desconocer los nombres de los conductores que subieron a sus vehículos la noche del 26 de enero y la madrugada del 14 de febrero. “No puedo brindar información exacta porque mi función no es esa”, repite cada vez que le preguntan por el $800 millones que costó la flotilla que heredó y amplió con ayuda de su padre.
El esquema es tan simple como sospechoso: los carros se entregan por un valor cercano a los $1,2 millones semanales, el arrendador se lava las manos y el conductor queda libre de controles. “Nosotros le damos trabajo a la gente y no sabemos para qué van a utilizar finalmente los vehículos”, justifica. La frase resume la brecha legal que explotan quienes convierten el transporte público en botín de guerra.

Los hermanos gómez cardozo y la mujer que nadie nombra
Mientras Ayala construye su relato de desconocimiento total, la Fiscalía ya imputó a Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, alias Pablito y Pachanga, por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. Pablito manejaba el taxi usado en el cruce de la calle 80 con carrera 68 donde desapareció Diana Ospina. Pachanga, según la víctima, fue quien la golpeó y la amenazó con un arma.
El tercer eslabón es una mujer cuyo nombre aún no trasciende oficialmente pero que figura como titular de otro vehículo involucrado. La investigación la señala como allegada al empresario. ¿Pantalla? ¿Prestanombre? La respuesta está en el expediente que sigue sellado en la Fiscalía Séxta.

El negocio invisible que mueve 30 cupos en bogotá
Cada taxi cuesta entre 30 y 50 millones antes de pagar papeleo, seguros y revisión. Multiplíquelo por 30 y entenderá por qué el padre de Ayala se encarga de la operación mientras su hijo se protege tras el escudo de la carrera de derecho. El arrendamiento es legal, pero la ley no obliga a auditar al conductor cada semana. Basta con una fotocopia de cédula y una firma.
El resultado: un mercado gris donde el riesgo se externaliza y el dinero fluye sin filtros. “No es la primera vez que nos pasa algo así; dimos con las personas equivocadas”, dice él, como si los asesinatos fueran un mal turno de la ruleta.
Lo que no cuadran en la libreta del estudiante
Ayala insiste en que ni la Policía ni la Fiscalía lo han citado. La contradicción aparece cuando se coteja su versión con el registro de la SIJIN: el 3 de marzo pasado fue entrevistado en la sede de la Av. El Dorado durante cuatro horas. Allí dejó constancia de que conocía a los hermanos Gómez Cardozo “de vista” y que les había alquilado unidades “por recomendación”. El detalle no figura en su declaración pública.
El expediente del profesor Cubides, además, incluye un video de seguridad donde se ve al mismo taxi de placas UBG-284 en el lugar del crimen 20 minutos antes del disparo. El conductor llevaba pasamontañas. El dueño del vehículo aún no explica cómo un hombre encapuchado firmó un contrato de arrendamiento.
El precio de mirar hacia el otro lado
Bogotá tiene 140 000 taxis y una flota de 7 800 vehículos reportados por violencia de género, secuestro o homicidio en los últimos cinco años. El 62 % opera bajo contratos similares al de Ayala: dueño lejano, conductor fantasma y un vacío legal que impide rastrear la cadena de mando.
La alerta roja encendida por los casos Cubides y Ospina obligó al Ministerio de Transporte a anunciar una reforma que exigirá revisiones biométricas mensuales a conductores y auditorías sorpresa a los propietarios. La medida llega tarde para Neil y para Diana, pero podría salvar la próxima vida.
Fredy Alexánder Ayala sigue atendiendo su negocio desde el quinto piso de un edificio de apartamentos en Kennedy. Allí, entre libros de derecho y papeles de arrendamiento, repite su mantra: “Yo solo alquilo”. La Fiscalía, mientras tanto, recopila chats, videos y facturas que podrían demostrar que el saber no siempre protege del complicio. El reloj corre: en 90 días debe presentar su dictamen y cerrar la puerta a la impunidad que se alquila por $1,2 millones a la semana.