Argentina se salvó del juicio por ypf, pero el fantasma del ciadi acecha con 17.000 m
El alivio duró lo que un suspiro. El viernes pasado, la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia que condenaba a argentina a pagar 17.000 millones de dólares por la estatización de YPF en 2012. Dos jueces contra uno. Margen estrecho. Victoria parcial. Porque, como advirtió Sebastián Maril en Infobae en Vivo, el fondo Burford Capital ya prepara la contraofensiva: apelación a la Corte Suprema y, si falla, salto al CIADI, el tribunal del Banco Mundial donde argentina tiene un récord de derrotas que asusta a cualquier inversor.
El fallo que no absuelve
Los jueces reconocieron que el Gobierno puede expropiar. Pero también que, en 1993, cuando YPF salió a cotizar en Wall Street, argentina firmó un contrato con los accionistas: si algún día la empresa volvía al Estado, habría que pagar. Nunca se pagó. Esa deuda flota todavía. Y aunque la Cámara haya frenado la ejecución, el mensaje a los mercados es brutal: comprar acciones argentinas es apostar contra la historia.
Maril, que estudió el expediente durante años, sintetiza: «Ganamos por un voto. Pero los jueces dejaron claro que incumplimos una promesa frente a inversores estadounidenses. Eso no se olvida».
La próxima batalla ya tiene fecha
Burford no se rinde. Su comunicado tras el fallo fue una radiografía de la desesperación: advierte que cualquier inversor en argentina queda «desprotegido» y confirma que pedirá al pleno de la Cámara que revise el caso. Probabilidad: mínima. El siguiente escalón es la Corte Suprema. Ahí, el fondo llegaría con un argumento simple: la ley argentina no puede pisar contratos firmados en Nueva York.
Si la Corte se niega, queda el CIADI. El organismo ya le ganó a Argentina en el caso Aerolíneas Argentinas: 320 millones de dólares por expropiar sin compensar. El reclamo de YPF es 53 veces mayor. El proceso duraría entre cinco y ocho años. El laudo sería inapelable. Y el país arrastra una deuda pendiente con España que podría usarse como precedente.
El costo político de una victoria
En Casa Rosada celebraron con reservas. Nadie quiere aparecer en la foto de un triunfo que, en el fondo, expone la fragilidad jurídica del país. Maril lo grafica: «A partir de ahora, cualquier inversor va a exigir un premium. Va a cobrar más caro cada dólar que traiga porque sabe que, si el Gobierno cambia las reglas, el Estado no paga».
El litigio ya atravesó cuatro presidencias. Cada procurador probó una táctica distinta. Algunos quisieron negociar. Otros, tirar el tablero. El resultado es el mismo: la espada sigue colgando. Y la única certeza es que, tarde o temprano, alguien tendrá que pagarla.