Gas: el gobierno firma el aumento que nadie pidió y arranca en abril
Desde el 1° de abril el gas natural costará entre $3.824 y más de $91.000 por mes en el AMBA, según publicó el Boletín Oficial esta madrugada. Las resoluciones 371 y 372/2026 sellaron los cuadros tarifarios de Metrogas y Naturgy Ban y abrieron la puerta a la Revisión Quinquenal 2025-2030, que garantiza ajustes mensuales.
El cargo fijo que nadie podrá esquivar
El esquema es demoledor: la tarifa más baja (R1) arranca en $3.824 en Capital y $4.416 en el Conurbano para quienes perdieron el subsidio. Si tu casa es grande y te colocan en la categoría R4, el cargo fijo trepa a $91.000 mensuales en la Ciudad. Ni siquiera el consumo cero te salva: ese monto se cobra por solo tener la llama disponible.
El mecanismo se llama Precio Anual Uniforme (PAU), la nueva brújula que usará la Secretaría de Energía para desindexar el precio del tipo de cambio y anclarlo a una tabla fija en pesos. El PAU actuará sobre la factura bruta y luego llegarán —solo para los que estén dentro del programa Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)— bonificaciones que nunca cubren la totalidad.
Lo que nadie cuenta es que el grueso de los usuarios ya quedó excluido del SEF tras la segunda revisación de ingresos. En la práctica, la «focalización» funciona como una bomba de exclusión: entra poco, sale mucho.
Gas, luz, agua: la trifecta que vacía el bolsillo
El gas es apenas la última pieza de un rompecabezas que ya supera los $112.000 mensuales en servicios para un hogar tipo sin subsidios. El Instituto de Estudios Económicos de la Universidad de La Plata aportó la foto: en marzo una familia promedio del AMBA pagaba $213.557 por la canasta de transporte y servicios públicos. La energía y el agua ya cuestan más que el colectivo y el subte juntos.
La metáfora es clara: el Estado se transformó en un cajero automático que entrega planes con una mano y los devora con la otra a través de tarifas. El «Plan Gas.Ar», que prometía abastecimiento seguro a precio competitivo, terminó como la coartada perfecta para trasladar a los usuarios el ajuste que el Tesoro no quiere hacer en el gasto público.
El ciclo es perverso: se declara «emergencia energética» para saltar las audiencias públicas, se fija un cuadro tarifario «transitorio» y, cuando vence, se reemplaza por otro «definitivo» que también incluye topes trimestrales. Así, cada aumento se presenta como el último, pero la Revisión Quinquenal ya tiene programados incrementos «mensuales y consecutivos» hasta 2030.
El negocio de las distribuidoras en tiempos de crisis
Metrogas y Naturgy Ban no solo festinan: la resolución les garantiza el cobro del PAU sobre cada metro cúbico, independientemente de la variación del PIST (precio en boca de pozo). El margen está blindado: si el gas sube en el mercado internacional, el PAU se actualiza; si baja, el usuario sigue pagando la tabla. La asimetría es total: ganan siempre, perdemos siempre.
Además, la norma les exige «adaptar su facturación» al nuevo esquema, lo que en la jerga del sector significa que pueden adelantar cobros por consumos estimados sin auditoría externa. El último escándalo de facturas «infladas» en invierno dejó saldo cero: nadie devolvió un peso y la autoridad aplicó una multa que las empresas pagarán… con parte de la tarifa que ya nos cobran.
La cifra habla por sí sola: desde diciembre el cargo fijo R1 acumula un alza del 1.180 %, mientras el salario real apenas repunta un 12 % en el mismo lapso. La brecha es un abismo que se traga cualquier política social.
El 1° de abril llegará sin campañas de concientización, sin líneas de atención reforzadas y sin un mapa claro de cómo reclamar una categorización errónea. La estrategia oficial es la confusión: cuanto más enrevesado sea el recibo, menos probabilidades de que alguien discuta el importe.
El cierre de la nota podría ser una advertencia: si el plan quinquenal se cumple, en enero de 2027 el cargo fijo R1 rozará los $9.000 y el R4 superará los $200.000. Pero la frase que debería grabarse es aún más simple: el gas dejó de ser un servicio para convertirse en un impuesto que pagamos cada vez que encendemos la hornalla.