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La cgt frena 83 artículos de la reforma laboral con una cautelar que paraliza al gobierno

El juez Raúl Horacio Ojeda le dio la razón a la CGT y suspendió en bloque 83 artículos de la ley de modernización laboral. La medida cautelar, que cayó como un ladrillo en Casa Rosada, congela por ahora la derogación de la ley de teletrabajo, los topes a indemnizaciones y la flexibilización de la jornada. Fue un golpe de efecto sindical que nadie esperaba tan temprano.

El fallo que altera el tablero político

El Juzgado Nacional del Trabajo 63 aceptó el argumento central de la CGT: aplicar la reforma de manera inmediata podía causar daños irreparables a los derechos constitucionales de los trabajadores. La cautelar es colectiva, inmediata y abarca a todos los empleados y empleadores bajo la ley general. Es decir, el Gobierno no puede tocar ni un punto de lo que pretendía cambiar.

Entre los puntos congelados figura la derogación de la ley de teletrabajo, los nuevos topes a las indemnizaciones por despido, la eliminación del principio “in dubio pro operario” y la apertura a contratos de bajo salario con beneficios fiscales. También se frena la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que financiaba la reducción de aportes patronales con un tributo extra a los trabajadores formales.

Qué viene ahora y quién pierde

Qué viene ahora y quién pierde

El oficialismo quedó sin su pieza clave de la campaña. El Presidente prometía “más empleo y menos costos” y ahora debe esperar un juicio que puede durar años. En la CGT celebran, pero saben que la batalla recién empieza: el Gobierno apelará y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo será la próxima trinchera.

El costo político es inmediato. El ministro de Trabajo, Julio Cordero, debe explicar por qué una reforma que juraron “constitucional y consensuada” cayó con 83 artículos en suspenso. Mientras tanto, las empresas que ya habían empezado a ajustar contratos y presupuestos deberán dar marcha atrás. El “status quo” vuelve a regir y, con él, la incertidumbre.

La cautelar no es la sentencia definitiva, pero clava un mensaje: la calle y los tribunales todavía pueden frenar un decreto. La CGT, dividida internamente, logró la foto que necesitaba: un juez que firma un freno al ajuste. El Gobierno, en cambio, se queda sin su carta de presentación ante el Fondo Monetario. La reforma laboral que prometía “modernizar” el mercado terminó empapelada por la propia Justicia que juraron controlar. Ahora el reloj corre para el oficialismo: si no revierte la cautelar antes de fin de año, la agenda económica se le desarma en las manos.