Ejército colombiano acusado de ejecutar a campesino en bolívar
La Fiscalía General de la Nación ha abierto fuego contra la credibilidad del Ejército colombiano al acusar formalmente a un teniente y tres soldados de participar en el asesinato de un campesino en el departamento de bolívar. El suceso, ocurrido el 9 de abril de 2017, ha reabierto viejas heridas sobre la actuación de las fuerzas armadas en zonas rurales y la protección de la población civil.
Un operativo contra el eln con consecuencias fatales
Según la investigación, los militares, pertenecientes a un grupo de élite de tiradores de precisión del Batallón de Acción Directa 1 de la Quinta Brigada, se encontraban en una operación para capturar a alias 'Cusi', un líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que operaba en la región. La misión, aparentemente rutinaria, derivó en una tragedia con consecuencias devastadoras para una familia campesina.
La Fiscalía relata que, durante uno de los desplazamientos, el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga habría ordenado a sus subordinados interceptar a dos hombres que transitaban por la zona. Lo que sucedió a continuación, según la acusación, fue una reacción desproporcionada: al intentar huir, los campesinos fueron alcanzados por disparos de armas de dotación militar. Uno de ellos falleció instantáneamente, mientras que el otro fue detenido.
Lo que nadie cuenta es que las víctimas no tenían ninguna relación con el objetivo de la operación, alias 'Cusi', quien fue capturado horas después en un lugar distinto. La Fiscalía ha destacado que los militares actuaron de manera contraria a los protocolos establecidos, sin identificar su condición de uniformados ni asegurar que los campesinos comprendieran la orden de detenerse. Esta omisión, sumada a la fuerza letal empleada, ha motivado la acusación por homicidio en persona protegida.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos ha tomado las riendas de la investigación, lo que subraya la gravedad de las acusaciones. Este caso, más allá de las implicaciones legales para los militares acusados, plantea interrogantes sobre los límites de la actuación militar en zonas de conflicto y la necesidad de garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de la población civil. La memoria de este campesino asesinado, y de muchos otros, exige justicia y una reflexión profunda sobre el papel de las fuerzas armadas en la construcción de la paz.