El 8 de abril la corte puede vaciar todo lo actuado contra castillo
La Corte Suprema convocó para el próximo martes 8 de abril una audiencia que puede borrar de un plumazo meses de investigación contra Pedro castillo. El magistrado Juan Carlos Checkley Soria aceptó analizar si el juez que instruye el caso cumple con los requisitos constitucionales para juzgar a un expresidente. Si la respuesta es negativa, la Fiscalía volverá a empezar desde cero y castillo podría salir hoy mismo del penal.
El recurso que inquieta al ministerio público
La defensa del exmandatario apuntó al corazón del proceso: la validez del juzgado. Sostiene que el artículo 450 del Código Procesal Penal obliga a que los altos funcionarios sean juzgados por un magistrado titular de la Sala Penal y no por un juez designado por resolución administrativa. Con ese argumento piden la nulidad de todas las actuaciones fiscales desde el inicio del expediente 00005-2023-29-5001-JS-PE-01.
El recurso, presentado el 17 de marzo, llegó en el momento más incómodo para la Fiscalía: cuando ya se habían dictado embargos, restricciones de salida del país y, sobre todo, cuando los colaboradores eficaces han dejado constancia de una red de pagos en Palacio. Si Checkley da la razón a la defensa, esas pruebas quedarán en el aire y Castillo recuperará su libertad en este proceso, aunque seguirá tras las rejas por el caso del golpe del 7 de diciembre.
La audiencia será virtual, a las 9:30 a. m., y la resolución ya advirtió que si los abogados particulares no se conectan, la Defensoría Pública asumirá la defensa. Grabarán la sesión y la difundirán en tiempo real: el Poder Judicial sabe que el país mirará.
La jugada maestra de los abogados
Mientras la opinión pública discute si Castillo cobró o no sobornos, la estrategia jurídica se deslizó por la rendija procedural. No discuten los correos ni los videos: atacan la mesa donde se sirvió el plato. Es la vieja máxima del litigante: cuando el fondo resiste, quebranta la forma.
El fallo llegará en días. Si es favorable, la Fiscalía deberá recomponer su teoría del caso con pruebas que quizá ya no existan o con testigos que, liberados de la presión judicial, prefirieron callar. El golpe a la investigación sería tan contundente como el que Castillo intentó darle al Congreso aquel 7 de diciembre. La diferencia es que esta vez la trinchera es legal y la artillería, un PDF de 22 páginas.