El ataque en calama sacude a chile y desata la carrera por instalar detectores en las escuelas
El plan lo escribió en silencio durante meses. Un estudiante de 18 años, estudiante de cuarto medio, cargó el viernes pasado sus redes con señales que nadie logró leer a tiempo. Entró al Instituto Obispo Silva Lezaeta con cuchillos, gas pimienta y una furia que dejó a María Angélica Araneda, inspectora de 59 años, tendida en un charco de sangre. Cuatro personas más resultaron heridas. Calama, la capital del cobre, despertó con la certeza de que la violencia ya no solo golpea la puerta: se ha metido en el aula.
El gobierno reacciona: pórticos de metal en marcha
La ministra María Paz Arzola no esperó al lunes. El domingo ya había convocado a la prensa para anunciar que el proyecto de Ley de Convivencia Escolar —aprobado en verano pero aún dormido en la Contraloría— se despertaría con reglamento exprés y manual de uso para los colegios que quieran pórticos detectores de armas. «Vamos a entregar un proyecto tipo para que la instalación sea inmediata», dijo. La promesa: antes de que termine el año habrá escuelas con detectores. El plazo, sin embargo, depende de que el trámite legal termine. Mientras tanto, los colegios ya pueden empezar a pedirlo.
La medida no es gratuita: cada portal puede costar entre 6 y 10 millones de pesos, según el tamaño del establecimiento. El ministerio asegura que los fondos saldrán del subejercicio 2024 y de partidas extraordinarias que ya negocian con Hacienda. La lógica es simple: si el cobre vale más de 4 dólares la libra, Calama —que vive del metal— puede pagar para que el metal no entre a clases.
El gremio de profesores pone el grito en el cielo
Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, no se anda con rodeos: «Un pórtico no cura la soledad, ni la depresión, ni el odio». Convocó a movilizaciones pacíficas este lunes y martes en todo Chile. Su diagnóstico: el problema es estructural. «Hace años que pedimos psicólogos escolares, pero el ratio sigue siendo de uno por cada mil alumnos. ¿Y ahora queremos detectores?», ironizó.
Desde la oposición, el senador Pedro Araya (PPD) se ofreció a co-redactar la nueva norma, pero advirtió: «Si no hay salud mental, termina siendo un control que criminaliza al estudiante». Más duro fue el independiente Karim Bianchi: «Improvisan como si fuera feria. La violencia escolar no se arregla con un chasquido de dedos ni con un aparato que pita».
La cifra que nadie mencionó
En los últimos cinco años, los incidentes violentos en establecimientos educacionales de Chile subieron un 38 %, según el Observatorio de Seguridad Escolar. El 63 % de los casos ocurre en la región de Antofagasta, donde Calama es la segunda ciudad. El dato habla solo: la minería aporta plata, pero también tensión social, turnos interminables y padres ausentes. El estudiante que apuñaló a su inspectora vivía con su madre, operadora de grúa en una fundición. Su padre, minero subcontratista, pasa 14 días fuera. El muchacho publicaba versos de Charles Bukowski y fotos de cuchillos tácticos. Nadie lo escuchó.
La diputada libertaria Gloria Naveillán cierra el círculo: «Si no ponemos el cuerpo ahora, el próximo cuchillo va a ser contra un niño de básica». La frase suena a epitafio. Calama ya no duerme. Y el resto del país revisa, una vez más, si la escuela sigue siendo un refugio o ya es una trinchera.