El cgpj se sube el sueldo en secreto: 800 € más al mes para los veteranos
Mientras la mayoría de los españoles malvive con la inflación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó en septiembre una subida de 800 euros al mes para sus miembros más veteranos. Nadie lo contó entonces. Ni un comunicado. Ni una línea en la web. La opacidad fue total.
La cifra que nadie quería que saliera a la luz
La presidenta, Isabel Perelló, y los veinte vocales se repartieron un complemento de antigüedad de 10.000 euros brutos anuales si no eran funcionarios. El acuerdo, al que ha tenido acceso la Cadena SER, actualiza un plus que llevaba congelado desde 1998: pasó de 522 a 1.322 euros mensuales. Un 153 % de incremento. Justo cuando el IPC supera el 3 % y los juzgados colapsan por falta de medios.
El pacto se fraguó entre los vocales que PP y PSOE colocaron en el órgano. Solo tres vocales progresistas se abstuvieron. No era «prioritario», argumentaron, pero tampoco lo frenaron. El pleno del 19 de septiembre lo ratificó y la noticia se enterró. El portal de transparencia del CGPJ sigue sin reflejar el embolsico. Si no fuera por la filtración, seguiríamos en la ignorancia.
Sueldos que ya rozaban los 155.000 euros
Perelló cobra oficialmente 155.000 euros anuales; los vocales, 134.000. A esas cifras hay que sumar trienios, dietas y ahora el plus de antigüedad. En la práctica, un vocal con treinta años de carrera puede superar los 150.000 euros sin despeinarse. Todo pagado con dinero público y justificado con la «independencia económica» del juez. Una coartada que suena a sarcasmo cuando la Justicia tarda dos años en dictar sentencia por un desahucio.
La legalidad, eso sí, está servida. El artículo 22 de la Ley de Presupuestos permite al CGPJ fijar complementos. Y la Ley 15/2003 blinda la estabilidad retributiva de los magistrados. El truco está en interpretar la ley a la carta: actualizar solo lo que interesa, callar lo que incomoda y esperar a que pase la tormenta mediática. Como si la transparencia fuera un capricho y no una obligación.
La pregunta que ningún vocal quiere oír
Si el complemento era «urgente» en plena negociación de Presupuestos, ¿por qué no se incluyó en la memoria que el CGPJ remitió al Congreso? ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no lo reflejó en sus cuentas? La respuesta es política: ni PP ni PSOE quieren que conste en acta que priorizaron la nómina de los suyos antes que reforzar los juzgados de violencia de género o la oficina de atención a víctimas.
El caso explota cuando el órgano lleva cinco años caducado y renovar su composición es un tabú. Cada mes que permanece en funciones, sus miembros cobran 11.300 euros brutos. Ahora, con el plus, todavía más. Una espiral de privilegio que se alimenta de la parálisis institucional. Mientras tanto, la ciudadanía sigue sin saber cuánto cuesta realmente la Justicia ni quién controla a quienes juzgan a los controladores.
Cierre de fuego: la factura que llegará
El CGPJ tendrá que publicar la subida tarde o temprano. Cuando lo haga, vendrá la excusa del «derecho consolidado» y la retórica de la «independencia». Pero la imagen ya está rota: 800 euros más al mes mientras los litigantes pagan tasas judiciales. Esa es la fotografía que quedará. Y ningún complemento de antigüedad podrá borrarla.