El dinero de tu pensión alimenta la maquinaria de deportaciones de ee.uu.
El Plan de Pensiones de Canadá, el fondo público más grande del país, tiene una parte de tu futura jubilación invertida en Palantir, la empresa de software que alimenta los algoritmos de caza de migrantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Y no es el único: Caisse de dépôt et placement du Québec y Ontario Teachers’ Pension Plan también han puesto 2.500 millones de dólares en compañías que se enriquecen con contratos de cárceles, vigilancia y deportaciones. La factura total sube hasta los 23.000 millones si sumamos la banca mayor: TD, RBC, Scotiabank, CIBC y BMO han financiado a esos gigantes desde 2020.
Las cifras que nadie quería desglosar
El informe de Stand.earth, publicado este lunes, desentraña la madeja: 11.300 millones de dólares de fondos públicos de pensiones canadienses y estadounidenses circulan hoy en acciones y bonos de CoreCivic, GEO Group, General Dynamics, CACI, L3Harris y AT&T. A nivel global, la banca ha vertido más de 218.000 millones en los últimos cinco años para que esas firmas firmen contratos con ICE. El lector se pregunta: ¿mi nómina de maestro, enfermero o funcionario está ayudando a financiar celdas de aislamiento y vuelos exprés de deportación? La respuesta es un silencio incómodo.
Richard Brooks, director financiero de Stand.earth, no anda con eufemismos: “Los canadienses deberían estar horrorizados de que sus pensiones y ahorros estén permitiendo la violación de derechos humanos básicos, la represión y el asesinato”. La frase suena a manifestante en megáfono, pero detrás hay nombres y apellidos: niños que duermen en colchonetas de aluminio, adultos que desaparecen en centros de detención privados, algoritmos que etiquetan “riesgo de fuga” a quien cruza la frontera con una mochila escolar.
El negocito redondo al otro lado del río
Lo que nadie cuenta es que los fondos de pensiones canadienses operan bajo mandato fiduciario: deben maximizar rendimiento y minimizar riesgo. Y los contratos con ICE, a pesar del hedor moral, firman cheques a 15 y 20 años con inflación asegurada. CoreCivic y GEO Group facturan por cada cama ocupada; Palantir cobra licencias millonarias por cada terabyte de datos migratorios procesados; los bancos, claro, cobran intereses por la deuda que levanta esa infraestructura de acero y algoritmos. El círculo se cierta cuando el gobierno canadiense presume de “fondos de pensiones sólidos” sin mirar el tejido de fondo.
La ironía duele: mientras Ottawa critica en público las políticas migratorias de Washington, sus propias instituciones financian el cerco. Y el contribuyente, ajeno al laberinto de filiales y fideicomisos, descubre que su retiro depende, en parte, de que alguien sea esposado en Louisiana o deportado en un vuelo madrugador desde Texas.
El tiempo de las excusas se acabó. El informe insta a los regimientos de inversión a diseccionar sus carteras y a los legisladores a exigir transparencia real. Mientras tanto, la próxima vez que revises tu estado de cuenta de pensión, recuerda: detrás de ese número tranquilo puede haber una celda vacía o una familia partida. La cifra habla por sí sola: 218.000 millones de dólares no se mueven por la casualidad; se mueven porque alguien apostó que la deportación es un buen negocio.