El gobierno blinda de impuestos las indemnizaciones a víctimas de abusos en la iglesia
El dinero que la Iglesia pague por callar ya no tributará. El Gobierno ultima una ley para que las indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes queden libres de IRPF. Félix Bolaños lo anunció ayer tras firmar con la Conferencia Episcopal un protocolo que abre la vía a reparaciones incluso cuando el caso haya prescrito o el cura esté muerto.
La factura del silencio ya tiene fecha: 15 de abril
Las víctimas podrán pedir dinero, pero también gestos simbólicos. La nueva vía arranca dentro de diez días y servirá para aquellos casos que los juzgados no tocan. La clave: una oficina pública —no un obispado— deberá certificar que la persona fue abusada. Solo así Hacienda devolverá lo pagado o descontará lo pendiente.
La jugada es política. La Iglesia lleva dos años pidiendo la exención fiscal y el Ejecutivo, tras el escándalo de los maristas y la dimisión del obispo de Solsona, cede antes de la campaña electoral. El arzobispo Luis Argüello lo dejó claro: «No queremos que el reconocimiento dependa de una entidad privada». Traducción: que el Estado asuma la culpa y la factura.
El protocolo llega tarde. El acuerdo original se firmó el 8 de enero y prometía este protocolo para febrero. El retraso ha encendido a las asociaciones de víctimas, que ayer aplaudieron la medida pero recordaron que el 62 % de las denuncias sigue fuera de plazo. Para ellas, la ley de exención fiscal es un parche que no tapa el agujero: la mayoría de los casos nunca verán un euro.
El Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por María Jesús Montero, tiene la última palabra. Si da luz verde, las indemnizaciones quedarán fuera de la base imponible del IRPF con efecto retroactivo. La factura final es una incógnita: la Iglesia no ha desvelado cuánto pagará ni cuántas víctimas se esperan. Lo que sí sabe es que, a partir de abril, cada euro entregado por un abuso tendrá el sello del Estado y no costará ni un céntimo a quien lo reciba.