El gobierno blinda el aborto tras la ofensiva del pp y vox en elche
El lobo ya no llama a la puerta: ha entrado al salón. La ministra portavoz, Elma Saiz, cargó este martes contra la moción aprobada en Elche por PP y Vox para derogar la ley del aborto y avisó de que el Ejecutivo no va a «permitir ni un solo paso atrás» en los derechos de las mujeres.
La votación, celebrada este lunes en el Ayuntamiento alicantino, pasó desapercibida para la agenda nacional hasta que Saiz la sacó a la luz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Debería escandalizar que en pleno siglo XXI el PP, de la mano de la ultraderecha, plantee volver a las cocinas», espetó la portavoz, visiblemente molesta.
El pp abre la puerta a la contraofensiva
Con 14 votos a favor (PP y Vox) y 10 en contra (PSPV-PSOE y Compromís), la moción in voce insta al Gobierno central a derogar la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo. El texto, de dos páginas y sin trámite parlamentario, no tiene efectos jurídicos, pero sí políticos: convierte en oficial lo que hasta ahora eran reuniones de cafetería entre conservadores y ultras.
Saiz no se anduvo con eufemismos: «Ya no podemos decir que va a venir el lobo. El lobo ya está aquí y el PP le abre la puerta». La frase, preparada de antemano, sonó como un aviso para navegantes dentro de la coalición: el PSOE no está dispuesto a que el acuerdo de Estado se desgaste por una operación municipal.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, redobló la apuesta en redes: «No vamos a permitir retrocesos en igualdad ni que nuestros derechos se usen como mercancía política». Su tuit, publicado minutos después de la comparecencia de Saiz, sumó 1,2 millones de impresiones en cuatro horas y se convirtió en trending topic sin pagar un euro de ads.
El mapa del nuevo frente cultural
Elche no es un caso aislado. Después de Andalucía, Murcia y Valencia, la derecha extrema ha encontrado en los ayuntamientos un laboratorio de pruebas para medir el pulso social antes de saltar al Congreso. La fórmula es simple: presentar una moción simbólica, aprobarla con la mayoría conservadora y forzar al Gobierno a reaccionar. Funciona. Cada vez que Sáenz de Santamaría o Núñez Feijóo intentan centrar el discurso, Vox les tira de la chaqueta con el cordón sanitario del aborto.
El consejo de ministros de este martes aprobó de forma tácita un blindaje legal: se aumentará la partida de 18 millones para financiar clínicas autorizadas y se creará un fondo de 5 millones para defender a las profesionales que reciben amenazas. La medida no apareció en la agenda oficial, pero trascendió en los pasillos: el Ejecutivo prefiere anticiparse antes que esperar a que el PP presente una proposición de ley en la Cámara baja.
La derecha responde con otro argumento: «No se trata de prohibir, sino de devolver la competencia a las autonomías», asegura una fuente popular que trabaja en la reforma estatutaria. Es decir, trasladar el debate a cada comunidad para que Vox pueda negociar a escala local lo que no consigue en Madrid. La jugada ya se ensaya en Castilla y León, donde la consejería de Familia liderada por Isabel Blanco (Vox) ha congelado las subvenciones a centros que practican interrupciones.
Mientras, los servicios de inteligencia de la Policía Nacional han detectado un incremento del 32 % en las agresiones a clínicas del IBEX 35 desde enero. La cifra habla por sí sola: el terreno de juego ya no es ideológico, es físico.
El Gobierno da por hecho que el próximo curso político arrancará con una ofensiva legislativa contra el aborto. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha convocado al Consejo de Ministras para la semana que viene y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, estudia incluir la protección del derecho al aborto en el proyecto de Ley de Presupuestos. El mensaje es claro: si el PP quiere guerra de trincheras, habrá que traer pala.