El gobierno blinda los hórreos: del silencio de los pueblos a la ley que los protege
Madrid ha dicho basta. Después de décadas de ver cómo los hórreos del norte se desmoraban bajo la lluvia o eran convertidos en simples adornos rústicos, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que los eleva a la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial. Galicia, Asturias, León, Cantabria, Navarra y País Vasco respiran. Sus graneros elevados —esos que parecen casas sobre zancos— ya no solo son piedra y madera; son memoria viva con nombre propio.
Por qué unos graneros de madera acaban de cambiar de estatus legal
El Ministerio que dirige Ernest Urtasun ha firmado la salvaguardia más ambiciosa de los últimos años: reconoce que detrás de cada hórreo late un capital simbólico que trasciende la arquitectura. No se trata solo de conservar tejados de losa o cerámica vidriada; se trata de rescatar oficios que se apagan —el carpintero de río, el colocador de poyatos—, de frenar la homogeneización turística y de devolver a los pueblos la autoría de sus propias historias.
La ley obligará a las administraciones a catalogar no solo el bien, sino los saberes que lo mantienen. Es decir: quién lo construye, quién lo repara, quién cuenta a sus nietos que el aire se colaba por las rendijas para mantener la mazorca seca. El texto habla de “prácticas sociales, memorias compartidas y representaciones”. Traducción: el abuelo que aún talla una traba de castaño ya no es un anacronismo; es un transmisor oficial de cultura.
El olvido que casi los sepulta
Los datos son implacables: en los últimos veinte años se han perdido más de 3.700 hórreos solo en Galicia, según la última radiografía de la Xunta. La mitad por abandono, la otra mitad por reformas que los convertían en garajes o saunas rústicas. En Asturias, la cifra se dispara si se incluyen los paneras derruidas para ampliar parcelas. La desconexión intergeneracional —los hijos que se van a la ciudad y venden la casa— ha sido la pez que ha ido cubriendo los zócalos de piedra.
Pero hay un detalle que el comunicado oficial no menciona: la declaración llega justo cuando el último maestro horreiro gallego, José Manuel Villaverde, cumple 88 años y aún clava los pies derechos a ojo, sin planos. Su taller en Arteixo atesora plantillas de madera que nadie ha querido heredar. Ahora, con la nueva ley, su saber pasa a ser bien protegido. El Gobierno se compromete a crear un registro vivo de oficios, algo que ni siquiera existe para los canteros de Santiago.
Lo que cambia a partir de hoy
Primero, cualquier proyecto de rehabilitación que afecte a un hórreo deberá incluir un plan de transmisión cultural: talleres escolares, rutas guiadas, grabación de testimonios. Segundo, se activa una partida de 12 millones de euros para ayudas a propietarios que restauren bajo criterios etnográficos. Tercero, y más importante, se abre la puerta a que las comunidades vecinas puedan declarar sus propios horreos testigo, esos que aún guardan la marca del carbonero o la inscripción de 1892.
La jugada es tan política como poética: en plena pulseada por el reconocimiento nacional, el Ejecutivo ofrece a los territorios una bandera que no es la rojigualda ni la estelada, sino la de la madera horadada por el tiempo. Un símbolo que nadie discute porque todos lo han roto el pan bajo su sombra.
El real decreto entrará en vigor el próximo 15 de abril. Para entonces, la primavera habrá pintado de musgo los tejados y los primeros turistas se fotografiarán sin saber que, desde ahora, cada imagen que suban a Instagram estará protegiendo también la mano invisible que alzó ese granero hace dos siglos. La memoria, como el maíz, necesita ventilación. Hoy, por fin, el Estado ha abierto las rendijas.