El gobierno recorta 90 mil desaparecidos de un plumazo y las familias estallan: «nos quitan a nuestros muertos»
México despertó el viernes con 133 000 fosas abiertas y se acostó con 43 128. El resto —más de 90 000 almas— fueron borradas del mapa por un click administrativo en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. El argumento: expedientes incompletos, errores tipográficos o, simplemente, que algún servidor público «vió» a la víctima en la calle. Las madres, que aún escudriñan basurales con guantes de látex, no compraron la coartada.
El conteo que desaparece a los desaparecidos
En la conferencia matutina se repartió un PowerPoint con colores pastel y la frase «96 % de los localizados no fueron víctima de delito». A las 48 horas, Centro Prodh y el colectivo Luz de Esperanza publicaron su propio dossier: fotocopias de actas levantadas en 2014, credenciales escolares que nunca fueron retiradas, huellas dactilares que el SEMEFO nunca cotejó. «Condicionar la existencia de una desaparición a la existencia de una carpeta es como pedirle a un muerto que firme su certificado de defunción», dicen.
La maniobra, advierten, no es nueva. Durante el sexenio anterior ya se «archivaron» 32 000 casos por «duplicidad». Ahora se repite la receta: basta con que un ministerio registre a la persona como «localizada» para que el sistema la expulse. El problema: nadie avisa a la familia. «Mi hija apareció como «viva» en una base de datos del IMSS, pero sigo esperando que conteste el WhatsApp», cuenta Araceli Salcedo, integrante de Cepad Jalisco.
El 93 % que nunca llamó al 911
El gobierno presume «transparencia» mientras ignora que nueve de cada diez delitos no se denuncian. En los municipios donde la policía es el brazo armado del crimen, presentar una averiguación previa equivale a enterrar al desaparecido dos veces. Por eso muchas madres recurren a la Comisión Estatal de Búsqueda, que no exige carpeta. Eso explica por qué hay 46 000 expedientes con «datos insuficientes»: no faltan nombres, falta valor para entrar a una fiscalía.
El resultado: un panteón paralelo custodiado por WhatsApp, grupos de Facebook y rancheras que recorren fosas clandestinas. «Nosotras fuimos las que dimos coordenadas, fotos, ADN. Ahora nos dicen que esos cadáveres no cuentan porque no tienen número de caso», espeta Mercedes Hernández, de Solecito Veracruz.
El 99,9 % de impunidad que no aparece en el informe
El documento de 67 páginas dedica tres líneas a la palabra «impunidad» y ninguna a la frase «responsabilidad estatal». En contraparte, dedica un capítulo entero a «desapariciones atribuibles a la delincuencia organizada». El mensaje implícito: si tu hijo fue levantado por un comando, el Estado lava sus manos. «Quieren que aceptemos que las desapariciones forzadas ya no existen, que sólo hay secuestros. Nos quitan la posibilidad incluso de denunciar tortura o desaparición por agentes del Estado», advierte el abogado Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
Mientras tanto, la cifra de 133 000 sigue siendo un reloj de arena invertido: cada vez que cae un grano, alguien decide que ya no importa. Pero hay un detalle que el informe oficial olvidó incluir: los cuerpos que las madres han exhumado con sus propias manos pesan igual que cualquier estadística. Y, a diferencia de los números, éstos no se borran con un clic.