El juzgado de morón obliga al municipio y a una funeraria a pagar millones por enterrar al cuerpo equivocado en plena pandemia
El cadáver que velaron no era el de su padre. El verdadero yacía olvidado en la morgue municipal. Cuatro años después, el juzgado en lo contencioso administrativo de Morón hizo pagar caro ese descuido: 19 millones de pesos entre daño moral, daño punitivo y gastos. La sentencia cae como un mazazo sobre un municipio que se escudó en el caos covid y una funeraria que negó hasta el final su responsabilidad.
El velatorio sospechoso en enero de 2021
Las cinco hermanas accedieron al salón con barbijo, alcohol en gel y la desazón que regía entonces. La hija mayor notó la ausencia de la cicatriz en la sien izquierda. La tía murmuró que el rostro no cuajaba. El empleado de la funeraria les dio un papel y un bolígrafo: “Firmen y vámonos”. Con protocolo cajón cerrado, la duda se metió adentro del féretro y se hundió bajo tierra.
Diez días después el intendente las llamó: “Su padre está acá”. La frase sonó como un chiste macabro. En la morgue comprobaron que el cuerpo enterrado era otro anciano con el mismo nombre, muerto minutos después que el verdadero patriarca. El sistema colapsó y la familia, de golpe, tuvo que pagar dos veces el duelo.
La sentencia que desarma la excusa sanitaria
El juez Marcelo López Alsina no compró el argumento del “contexto excepcional”. Citó el artículo 1113 del Código Civil: la obligación de prever daños evitables no se suspende por una pandemia. El hospital incurrió en falta de servicio al confundir actas y entregar un cuerpo sin verificación cruzada. La funeraria, por su parte, incurrió en trato indigno al ignorar los reclamos y negar una solución inmediata.
La resolución impone: 2 millones por el gasto del doble sepelio, 15 millones repartidos entre las cinco hermanas por daño moral y 2,5 millones adicionales de daño punitivo —solo a la funeraria— por actuar con “temeridad y desprecio a los derechos del consumidor”.
El precedente que duele en el bolsillo del estado
Buenos Aires no adhirió a la ley nacional de responsabilidad del Estado, pero el fallo aplica la teoría de la responsabilidad extracontractual por analogía. Traducción: los municipios no pueden esconderse detrás de la emergencia sanitaria cuando la negligencia es tan burda que puede evitarse con una simple doble verificación de DNI.
La liquidación de honorarios quedó diferida, pero las costas corren por cuenta de los demandados. Tienen 60 días para abonar una cifra que se actualizará por el índice de precios al consumidor desde enero de 2021. Hacer las cuentas: la deuda ya creció más del 300 %.
El caso no solo duele en el alma de una familia que aún no sabe dónde yacen realmente los restos de su padre. También escarba la herida de un sistema que, en nombre del caos, olvidó que la dignidad no se suspende ni siquiera cuando los muertos se acumulan. La sentencia de Morón recuerda que el derecho a un trato decente no admite excusas virales.