El supremo israelí congela la vida de 18.500 gazatíes hasta que irán diga basta
Alma Abu Rada tenía seis meses y un corazón que se le apagaba a trozos. El 24 de marzo dejó de esperar. Su muerte no fue un accidente: fue una sentencia judicial anticipada. Mientras su familia rogaba un salvoconducto para cruzar los 80 km que separan Gaza de Jerusalén Este, el Tribunal Supremo de Israel decidió posponer «hasta que termine la guerra» con Irán la revisión del bloqueo médico que condena a los palestinos. Alma fue el número 1.400 en la lista de pacientes que fallecen antes de cruzar el muro.
La excusa iraní que nadie pidió
El argumento oficial suena a ironía macabra: la guerra contra Irán —que no existe— justifica que 18.500 personas, 4.000 de ellas niños con cáncer, sigan atrapados en un enclave que Israel mismo cataloga como «zona humanitaria». Las cinco ONG que presentaron el recurso —Médicos por los Derechos Humanos, Gisha, HaMoked, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y Adalah— salieron ayer de la sala con la certeza de que el Estado confirma lo que lleva años negando: el cerco médico no depende de Hamas, ni de la seguridad, ni de la diplomacia. Depende de una hoja de cálculo que decide quién vive y quién muere.
La clave está en la fecha límite: 7 de mayo. Entonces el Ejecutivo deberá actualizar su informe sobre la «situación de seguridad», un eufemismo que en la práctica significa que el Supremo podrá seguir aplazando la decisión mientras los hospitales de Cisjordania sigan llenos de camas vacías. Antes del 7-O, como antes del 7-O, existía un corredor humanitario que funcionaba con la frialdad de un reloj suizo: entre 80 y 120 pacientes diarios recibían el visto bueno. Ahora son 30, contando acompañantes, y solo si El Cairo accede a presionar. La cifra habla por sí sola: entre 6 y 10 gazatíes mueren cada día esperando una llamada que nunca llega.
El corredor que se volvió laberinto
La reapertura del paso de Rafah el 2 de febrero fue presentada como un gesto de buena voluntad. En realidad es una válvula de escape calculada: permite que el mundo diga «algo se hace» mientras la OMS sigue recibiendo listas con nombres tachados en rojo. El protocolo es un insulto a la lógica: el paciente debe demostrar que su vida corre peligro inminente, pero no tanto como para cruzar hacia Israel; que tiene a un familiar en Cisjordania, pero no tantos como para sospechar vínculos con Hamás; que su tratamiento no puede esperar, pero que Egipto acepta recibirlo. Un sudoku burocrático que se resuelve en la muerte.
El caso de Alma ilustra el despropósito. Su cardiopatía requería una válvula que en Gaza no existe. La petición se cursó el 12 de enero. La respuesta llegó el 25 de marzo, un día después del entierro. El tribunal ayer ni siquiera mencionó su nombre.
Cuando la guerra es una fecha variable
Lo que más escuece a los abogados de las ONG es la elasticidad del concepto «guerra». El fiscal del Estado admitió que el bloqueo médico se mantiene «independientemente de la hostilidad actual», pero el Supremo prefirió no incomodar. Así que la guerra contra Irán puede durar lo que diga el gobierno de turno: dos años, cuatro, una década. Tiempo suficiente para que los 4.000 niños con cáncer se conviertan en estadística y los 4.000 adultos en recuerdo.
En los pasillos de El Ágora hemos conversado con médicos que atendieron a pacientes de Gaza antes del 7-O. Tienen nombres para esto: «filtrado étnico», «negación diferida», «eutanasia administrativa». Ninguno habla de política; hablan de cifras. La más demoledora: desde 2022 Israel ha denegado el 70 % de las solicitudes de evacuación médica. El 30 % restante murió en la lista de espera.
El tribunal no fijó nueva fecha. No hizo falta. La próxima vez que se reúnan, la lista de 18.500 habrá menguado por sí sola. Y nadie recordará el nombre de Alma Abu Rada, salvo su familia, que ya no puede gritar. En Gaza, la justicia no es ciega: simplemente se niega a ver.