Encuestas a la venta: 30 mil soles por aparecer en la lista de los 'viables'
El termómetro de la democracia peruana se rompió. A 14 días de los comicios, las encuestas que deberían medir el pulso del país han quedado expuestas como un negocio donde el voto se cotiza en 30 mil soles cada diez días. La candidata Fiorella Molinelli arrancó la mampara: 'Me dijeron que pagara para salir del grupo de los otros'. La frase, dicha en un programa de radio, suena a confesión de un crimen que todos sospechaban pero nadie había grabado.
El 18,9 % que nadie vio venir
El fantasma de Pedro Castillo planea sobre el escándalo. En 2021, los sondeos lo enterraban con 6,5 % a una semana de la elección. El día D obtuvo 18,9 %. La brecha fue tan brutal que las casas encuestadoras justificaron el error con la 'varianza rural' y el 'silencio vergonzante' de sus votantes. Ahora sabemos que la excusa era parte del engaño: si Castillo no pagó, alguien sí lo hizo para que su nombre no apareciera. El método es simple: se encuesta, luego se filtra. Los que no cancelan se hunden en la categoría 'otros' o directamente se borran del gráfico que circula en WhatsApp y televisión.
La diputada Marisol Pérez Tello aportó la cifra del presupuesto público que alimenta el juego: 35 millones de soles. El dinero, legalmente destinado a 'fortalecer la democracia', se convierte en un subsidio encubierto para que los partidos con bancada paguen sus sondeos y se mantengan vivos en la pantalla. Los que no tienen representación —los nuevos, los outsiders— deben rascar sus bolsillos. La paradoja: la ley premia a quien ya ganó y castiga al que intenta entrar.
Odebrecht pagó 10 mil dólares por diez puntos
El abogado Horacio Cánepa, arrepentido colaborador de la fiscalía, dibujó el mapa del dinero sucio. En 2010, la constructora Odebrecht desembolsó 10 mil dólares a la encuestadora CPI para inflar a Lourdes Flores. En 2011 y 2016 repitieron la receta con Kuczynski y Alan García. El dueño de una de las firmas, nervioso, pidió frenar los pagos cuando Alan García ya no podía escalar más sin que el 7,6 % que le daban pareciera una burla. El resultado final fue 5,83 %. La trampa ya no servía: el elector existe y vota lo que quiere, no lo que el gráfico le ordena.
Ipsos Perú, el gigante del sector, publicó un comunicado para desmarcarse. Asegura que sus estudios son 'bancarizados y auditados'. Cánepa, dice la nota, declaró que su director Alfredo Torres 'no se prestaba a chanchullos'. La firma olvida que la desconfianza no se lava con un papel timbrado. La pregunta que queda colgando es por qué el resto del gremio nunca denunció a los compañeros que vendían posiciones. La respuesta: competir en un mercado donde el cliente pide 'subir cinco puntos' es más rentable que vender datos reales.
El daño ya está hecho. El domingo 12 de abril los peruanos votarán sin saber si la casa que les da números está vendida. Las encuestas pasaron de ser el sismógrafo de la política a un catálogo de precios: 30 mil soles por aparecer, 10 mil dólares por escalar, 35 millones de presupuesto por mantenerse. El voto, ese gesto que debería ser libre, ahora tiene un costo oculto que alguien ya pagó.