España blinda su cielo y aísla a los aviones de guerra: la factura llega al super
700 soldados españoles duermen bajo fuego en el Líbano mientras el Congreso aprueba el primer paquete de medidas para amortiguar lo que ya se huele en el supermercado: aceite de girasol un 40 % más caro, lentejas que han tocado techo y fertilizantes que encarecen hasta la lechuga del patio de vecinos. La ministra Robles acaba de confirmar lo que el Gobierno lleva tres semanas aplicando sin alarde: España cerró su espacio aéreo y sus bases desde el primer disparo; ni un avión de combate ha despegado de Rota ni Morón con destino al frente.
Del estrecho de ormuz al carrito de la compra
La guerra se filtra por las rendijas. José Manuel Albares lo resume en RAC1: «Un solo buque retenido en Ormuz encarece el gas y el trigo, y el trigo encarece el pan que compra mi vecina». El Ejecutivo calcula que cada semana de bloqueo suma 0,3 puntos al IPC; Funcas ya avisa de que el 3,3 % de marzo es solo el aperitivo. La cadena de efectos tiene un eslabón olvidado: los 40.000 contenedores que cada mes atraviesan el canal de Suez con fertilizante para Levante y aceite de palma para Galicia. Si Irán cierra el paso, el próximo escenario es una remesa de naranjas que no llega y una lonja de pescado que sube por la especulación.
Mientras, Margarita Robles se pasea por los pasillos del Congreso con la certeza de quien ha dicho «no» a la primera potencia militar del planeta. «La guerra es profundamente ilegal e injusta», suelta sin despeinarse; detrás de ella, un ayudante cuelga el parte diario: otro casco azul indonesio muerto en Líbano, esta vez cerca del puesto de Tiro donde duermen los gallegos del Batalla de Lepanto. El protocolo de evacuación ya está en la mesa de Pedro Sánchez: helicópteros Chinook en Haifa y un buque de la Armada anclado en Chipre, listo para sacar a los 700 en 72 horas. Pero la pregunta que nadie firma es cuánto costará, en euros y en credibilidad, dejar la misión Unifil antes de que la ONU pida el repliegue.
El ministro que hereda una hoja de cálculo en llamas
Carlos Cuerpo estrenó vicepresidencia contestando sobre guerra en Onda Cero. Le habían preparado respuestas de manual de economía, pero la realidad le saltó al cuello: «La incertidumbre es tal que revisamos los presupuestos cada 48 horas». Entre cálculo y cálculo, anuncia dos nuevas oficinas comerciales en Boston y Houston para «blindar» la exportación de jamón y turbinas. La ironía la deja caer el propio Cuerpo: mientras cierra el cielo a los aviones de guerra, abre la puerta a los inversores que venden drones de reparto para Amazon.
En el Ministerio de Consumo han cambiado el timbre por una grabadora: 13 fondos de inversión —Blackstone, Cerberus, Vivenio— han recibido una carta exigiendo que acepten la prórroga forzosa de los contratos de alquiler. La medida, impulsada por Sumar, llega tarde: muchos propietarios ya han convertido pisos en apartamentos turísticos para escapar del cepo. El resultado es un mercado que se divide: los que pueden pagar 1.200 euros por un estudio en Vallecas y los que ya miran habitaciones en Albacete porque el precio del traslado les sale más barato que la renta.
El Gobierno ha montado un centro de crisis en la Moncloa que funciona a turnos de 12 horas. Allí, un coronel de Operaciones lleva días sin dormir: calcula rutas de evacuación, toneladas de trigo sustituto y litros de gasóleo de reserva. En la pared, un mapa con flechas rojas que parten de Irán y atraviesan Turquía hasta Ceuta. Ninguna flecha llega a Madrid, pero todas pasan por la cartera de los españoles. La guerra ya no es lejana; es la subida del pan, el alquiler que se dispara y el miedo a que el próximo barco no llegue. El Ejecutivo toma nota y aprieta: la próxima cifra que temen es la del IPC de abril. Si supera el 4 %, el escenario deja de ser económico para ser político. Y entonces, el «no» a la guerra tendrá un precio que se contará en votos, no en euros.