Exviceministro de interior, imputado por presunto acoso sexual: la denuncia que sacude al gobierno
La Fiscalía General de la Nación ha dado un giro inesperado al caso Diego Cancino, exviceministro del Interior, al citarlo a audiencia de imputación formal por presunto acto sexual violento. La denuncia, presentada por Yuly Viviana Vargas Ávila, exasesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia y Gobierno, destapa una presunta agresión que ha sacudido los cimientos del gobierno colombiano y plantea serias interrogantes sobre la seguridad y el respeto dentro de la administración pública.
El relato de la víctima: una cena que terminó en pesadilla
Según la denuncia, los hechos ocurrieron el 9 de octubre de 2024, cuando Vargas, buscando nuevas oportunidades laborales tras la finalización de su contrato en el Ministerio, contactó a Cancino, quien ya había dejado su cargo. La invitación a un almuerzo en el apartamento del exviceministro resultó ser, según su testimonio, una trampa. Vargas relata haber llegado acompañada de su hija, quien fue retirada poco después. Lo que siguió, describe, fue una serie de acciones no consentidas por parte de Cancino: desde insistir en que bebiera alcohol hasta acercarse por la espalda, abrazarla e introducir sus manos debajo de su blusa, tocándole los senos.
La denunciante, que ha compartido su experiencia en diversos medios, asegura que reaccionó de inmediato, apartando a Cancino y expresándole su rechazo a cualquier tipo de relación que no fuera política o profesional. A pesar de su firmeza, el exviceministro, según su relato, continuó acosándola, intentando besarla e incluso proponiéndole bailar. “Este sujeto me dijo ‘eres genial’ y luego, sin previo aviso, me agredió”, declaró Vargas, visiblemente afectada.
Lo más sorprendente, según la denuncia, es que Cancino, incluso después de ser rechazado, continuó mostrando comportamientos extraños y persistentes, alternando momentos de nerviosismo con intentos de acercamiento físico. Vargas relata haber logrado salir del apartamento gracias a la ayuda de unos amigos, quienes la rescataron de la situación.
La investigación y las consecuencias políticas
La denuncia de Vargas Ávila ha tenido consecuencias inmediatas para Cancino, quien fue destituido de su cargo en la SAE y expulsado del Partido Verde. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que presentará los elementos probatorios reunidos durante la investigación en la audiencia de imputación, programada para el 10 de agosto de 2026. Se espera que la diligencia judicial arroje luz sobre los hechos denunciados y determine la responsabilidad penal de Cancino.
Este caso no solo pone en entredicho la conducta del exviceministro, sino que también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y denuncia contra el acoso sexual en el ámbito laboral, especialmente en instituciones gubernamentales. La sociedad colombiana observa con atención el desarrollo de esta investigación, esperando que se haga justicia y se envíe un mensaje claro de tolerancia cero ante este tipo de conductas.
La audiencia de imputación se perfila como un momento crucial en este caso, donde la Fiscalía deberá demostrar la solidez de las pruebas presentadas por la denunciante. En un país marcado por la desigualdad de género y la impunidad, este proceso judicial podría sentar un precedente importante en la lucha contra el acoso sexual y la protección de los derechos de las mujeres.