Fico gutiérrez declara la guerra a irene vélez: sanción a hidroituango enciende la guerra fría bogotá-medellín
La ministra Irene Vélez anunció este viernes un proceso sancionatorio contra Hidroituango y el alcalde Federico Gutiérrez respondió con una frase que retumbó en todo Antioquia: «Quieren destruir todo». En menos de tres horas el conflicto pasó de la radio estatal a la red social del mandatario paisa, donde acusó al Gobierno nacional de «odiar» al departamento y de proteger a los que «se robaron a Medellín».
El detonante fue la entrevista de Vélez en 6AM W de Caracol Radio. Allí la titular de Ambiente enumeró tres presuntas faltras: liberar caudales sin control, desajustar los niveles del embalse y, el más delicado, permitir que 600 hectáreas de vegetación quedaran sumergidas al sobrepasar la cota autorizada en un metro. La multa puede llegar a 5.000 salarios mínimos y, en el peor escenario, suspender la licencia ambiental que mantiene viva la central más grande del país.
La réplica que nadie esperaba
Gutiérrez no esperó al comunicado oficial. A las 8:13 a. m. escribió: «Si no fuera por Hidroituango, Colombia ya hubiera entrado en racionamiento». El mensaje iba dirigido a Petro, a Irene Vélez y, sobre todo, a la clase política que, según él, «sabe que Antioquia mueve el 25 % del PIB y aún así la tienen en la mira».
La afirmación tiene un respaldo parcial. El operador nacional XM confirmó que en marzo Hidroituango aportó el 18 % de la generación nacional, un porcentaje que en horas pico se dispara al 30 %. Sin ese aporte, el país habría tenido que recurrir a térmicas de gasoil con un costo adicional de 800 millones de pesos diarios, según cálculos internos de UPME.
El problema no es nuevo, pero la guerra sí
Lo que Vélez denuncia viene siendo monitoreado desde 2022. La Anla ya había advertido desviaciones en los caudales durante la emergencia del frente frío, cuando el río Cauca se desbordó y dejó dos muertos en Caucasia. El ente sancionador entonces solo emitió un salvoconducta verbal. Ahora, con el embalse estabilizado, el ministerio decidió pasar del aviso a la sanción.
El alcalde interpreta el cambio como una operación política. «Nos tocan a Hidroituango cuando faltan 15 meses para las elecciones regionales», dijo a El Ágora. «Quieren volver a ponerle el cascabel al gato para que Medellín pague la factura ambiental del país».
La cifra que calla el ministerio
El nivel 409 al que llegó el embalse en febrero equivale a 77 millones de metros cúbicos de agua adicionales. Ese volumen, convertido en energía, representa 180 GWh, suficiente para abastecer a 2,2 millones de hogares durante un mes. Vélez insiste en que la prioridad es el ecosistema; Gutiérrez responde que la prioridad es «no apagarle la luz a Colombia».
Mientras tanto, la bolsa reaccionó a la noticia con una caída del 3,4 % en las acciones de EPM, la empresa que controla el 57 % de Hidroituango. El riesgo país subió 18 puntos básicos y el dólar tocó máximos de cuatro semanas. La guerra fría entre la Casa de Nariño y el Palacio de la Alpujarra ya no es retórica: cuesta plata.
La investigación puede tardar hasta un año. Si la sanción se confirma, EPM deberá pagar una multa que equivaldría a la mitad de lo que invierte anualmente en mantenimiento de la central. Gutiérrez ya adelantó que apelará y que llevará el caso a la Procuraduría por presunta «persecución ideológica». El mensaje es claro: si tocan Hidroituango, tocan la fibra de un pais que no olvida que, en plena pandemia, fue la represa la que evitó apagones de hasta 10 horas. La noche, insiste el alcalde, «no puede ser tan larga».