Argentina condenada por la corte idh: 30 años de impunidad por la escultura que aplastó a una niña en palermo
La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictaminar que el Estado argentino fue cómplice de un homicidio. El 5 de febrero de 1996 una escultura oxidada de 270 kilos cayó sobre Marcela Iglesias, de 6 años, y la mató en el Paseo de la Infanta. Treinta años después, sus padres lograron que la justicia internacional obligue al país a pedir disculpas públicas y a construir un memorial para la infancia.
La frase que lo resume: «nos casamos en 1984, marcela nació en 1989, y después solo queda el certificado de defunción»
Eduardo Iglesias repite esa línea frente a los jueces de Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Perú. Habla con voz quebrada, pero firme. No pide compasión; exige verdad. La escultura que aplastó a su hija estaba instalada sin permiso, corroída y mal soldada. La galerista dueña del negocio, Diana González de Lowenstein, y el artista Danilo Danziger la colocaron en la vereda como escaparate. Tres inspectores municipales miraron para otro lado. El viento a 20 km/h bastó para tirarla.
Lo que siguió fue una década de dilaciones, recusaciones y 117 apelaciones. La jueza Susana Nocetti de Angeleri dejó que el tiempo corriera. En 2005 la ley 25.990 acortó los plazos de prescripción y la causa se esfumó. La Corte Suprema selló el sobreseimiento en 2007. Además, ordenó a los padres pagar parte de los honorarios de los abogados de los acusados. La indignación obligó a echar atrás la macabra factura, pero la herida quedó abierta.
El cuarto de marcela: vacío después de que cayeran las torres gemelas
Nora Ribaudo tardó años en tocar la habitación. Primero donó la ropa, luego los muebles. Los juguetes resistieron hasta el 11-S. «Tenía que caerse el mundo», bromeó su hermana. Guardó muñecas, patines y la cocinita en bolsas para la Casa Garrahan. Cada objeto era un fragmento del corazón de la nena que se rompía en pedazos para que otro chico sonriera.
Mientras tanto, la ciudad seguía adelante. Eduardo dejó de ir a cumpleaños infantiles. Contaba platos en la mesa: siempre sobraba uno. El barrio se llenó de jacarandás y de ciclovías, pero en la vereda del Paseo de la Infanta la cicatriz permanecía. Las Madres del Dolor —asociación que nuclea a familias de víctimas de hechos violentos— acompañaron cada marcha. Plantaron un árbol frente al lago de Palermo. A un mes de la muerte de Marcela ya crecía algo que no era olvido.
La sentencia que obliga al estado a arrodillarse
El 9 de marzo de 2026, desde un despacho en Buenos Aires, Eduardo y Nora escucharon la sentencia en directo. El presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, declaró la responsabilidad internacional de Argentina por «no investigar ni sancionar a los responsables en plazo razonable». El país tiene un año para ofrecer un acto público de disculpas y construir un espacio memorial para la niñez. La indemnización económica es la parte menor: lo que devuelve es la dignidad.
Eduardo, recién operado de corazón, lleva un catéter que le marca el pulso. Nora sostiene su mano. No sonríen. «No es alegría —aclara ella— porque Marcela no está». Pero esa noche el celular no paró de sonar. Vecinos, ex compañeros del Banco de Boston, sobrinos que ya tienen hijos propios confirmaron que la Historia no termina en la impunidad. La condena es obligatoria y se publicará en el Boletín Oficial. Por primera vez el Estado deberá decir su nombre completo: Marcela Brenda Iglesias Ribaudo. Será la única manera de que la página siguiente al acta de matrimonio deje de estar en blanco.