Honduras blinda sus calles: contratos exprés para 2 millones de placas que llegan sin concurso
Honduras se cansó de circular con permiso de papel en la guantera. El Congreso Nacional aprobó anoche un decreto que permite al Instituto de la Propiedad (IP) firmar contratos directos –sin licitación– para fabricar y entregar más de dos millones de placas metálicas e inteligentes antes de que termine 2026. La medida cierra el grifo de una crisis que llevó 36 meses y que convirtió al país en el único de la región donde un policía no sabía si el auto que frenaba era robado o sólo desactualizado.
El papel que avergonzó a una nación
Desde 2021, la falta de láminas dejó a los hondureños usando permisos amarillos que se deshacían con la lluvia. El costo no fue solo estético: la Policía levantó 42 000 actas por “placas irregulares” y las aseguradoras negaron siniestros por “identificación dudosa”. El decreto publicado esta madrugada ordena al IP comprar directamente a los fabricantes –saltarse intermediarios locales– y exige que cada placa traiga chip RFID, grabado láser y tinta optically variable, el mismo kit que usan las matrículas de la UE.
La jugada legal se ampara en el artículo 205 constitucional, que permite “contrataciones bajo situaciones de emergencia”. ¿La emergencia? La cifra: 1 080 000 vehículos circulan con permiso vencido y la deuda del IP con los proveedores ya rozaba los 38 millones de dólares. El texto fija un plato fuerte: quienes firmen deben entregar 300 000 placas al mes y conectar sus servidores con el 911, la Aduana y el SAR para que un carro robado en Tegucigalpa suene la alarma en la frontera de El Florido.

Dólares sin voto: así se pagará la fiesta
El Congreso no aprobó un centavo. En su lugar, encargó a la SEFIN que “identifique fuentes de financiamiento” y realice “ajustes presupuestarios” para meter la factura dentro del Presupuesto General. Traducción: habrá recorte o endeudamiento, pero no se sabe dónde. El presidente del IP, Yuri Guzmán, ya adelantó que negocia con un consorcio turco-israelí que exige 70 % de pago por adelantado. La primera tanda de 150 000 placas llegará en 90 días a San Pedro Sula; el resto se escalará hasta cubrir las 18 departamentos.
La oposición gritó ayer al medio día. La diputada Doris Gutiérrez calificó la norma de “licencia para repartirse el pastel” y anunció un recurso de inconstitucionalidad. Mientras tanto, los conductores apenas piensan en el pleito: desde esta semana, los expendedores de permisos de papel volvieron a cobrar 200 lempiras por “tramitación exprés”. La ironía: el documento que se inventó por la falta de placas ahora se vende caro justo cuando las placas regresan.
La próxima vez que un agente le pida la documentación, el carné de plástico amarillo será solo un mal recuerdo. Honduras recuperará su metal, pero el precio lo sabremos cuando la SEFIN publique el monto exacto. Mientras tanto, la calle ya huele a pintura fresca: la fábrica turca empezó a grabar las primeras 50 000 láminas con el escudo de los cerrojos abiertos.