Irán ajusticia a dos opositores mientras el mundo mira a hamás
La horca volvió a trabajar antes de que el café hiciera chisporroteo en Oslo. Esta madrugada, Irán colgó de la grúa del patio de la cárcel de Gohardasht a Akbar Daneshvarkar y a Mohamad Tagavi Sangdeh. Ambos habían cumplido 73 días entre paredes sin abogado, sin visita, sin nombre en la lista oficial de reos. Su delito: militar en la Organización de los Muyahidines del Pueblo (MEK), la guerrilla que Teherán cataloga de terrorista y que para la oposición es el último reducto de la revolución frustrada.
Las ejecuciones que nadie firmó
La ONG Iran Human Rights, que fiscaliza desde Noruega la sangre que Riad jamás reconoce, desveló que los dos hombres fueron arrestados en enero y febrero, respectivamente. Los interrogatorios —si se puede llamar así a sesiones de azotes y privación de sueño— se prolongaron hasta que un juez de la Revolución firmó la sentencia de muerte por «rebelión armada». El juicio duró lo que tarda un tren en cruzar la frontera con Afganistán: menos de diez minutos.
La familia de Daneshvarkar recibió el cuerpo envuelto en plástico. En la frente, a tinta, la palabra «takfir», hereje. No hubo entrega oficial de pertenencias. Solo un recibo escrito a mano que exige pagar la cuerda de la horca: 27.000 riales, unos 0,45 euros.
La historia se repite con variaciones mínimas: Irán ejecutó el pasado 19 de marzo a otros tres presos vinculados a las protestas de enero. Sumados, los cinco cadáveres suman 1.500 ahorcados en lo que va de año, un 50 % más que en idéntico período de 2024. La ONU ya no alcanza a actualizar el contador.
El gobierno usa la guerra como cortina
Mohamad Amiry Moghaddam, portavoz de IHR, advierte que la escalada no es casual. «La república islámica necesita un enemigo exterior para justificar la matanza interior», dijo esta mañana en un hilo de X. Su hipótesis: cuanto más se hable de drones sobre Tel Aviv, menos se hablará de los gritos que salen de Evin o de Gohardasht.
La técnica es rudimentaria pero eficaz. El Ministerio de Interior filtra a medios afines la versión de que «los ejecutados planificaban atentados contra centros nucleares». La frase corre como pólvora en canales de Telegram y termina convertida en titular de la televisión estatal antes de que el cuerpo esté frío. Dentro de Irán, pocos se atreven a desmentirla. Fuera, nadie tiene tiempo para verificarla.
Lo que sí se puede comprobar es la cronología: cada vez que Irán dispara un misil a Siria o un dron a la frontera kurda, el número de ejecuciones internas se dispara al día siguiente. La correlación es tan brutal que hasta los analistas más escépticos empiezan a hablar de «ejecuciones paraguas».
El mercado del miedo cotiza al alza
El régimen no solo vende petróleo; también vende terror. El cálculo es demoledor: un colgado en la horca genera más autocensura que mil policías en la calle. Por eso, cuando el parlamento europeo debatía nuevas sanciones tras el ataque de Irán a Israel, los jueces de Teherán aceleraron los juicios sumarísimos. «La principal amenaza para el ayatolá no es Netanyahu, sino el vecino que pide pan y libertad», resume un exdiplomático europeo que prefiere el anonimato.
La cifra habla por sí sola: 1.500 vidas en tres meses. Si se mantiene el ritmo, Irán superará el récord de 2023 antes de que termine el verano. La comunidad internacional, ocupada en no romper el acuerdo nuclear que ya no existe, responde con comunicados de condena y nuevas listas de sanciones que nadie en la élite iraní teme porque nunca viajan a Europa.
Akbar y Mohamad ya no pueden contar lo que vieron. Pero su muerte deja un recibo: la cuerpa cuesta 45 céntimos, el silencio de Occidente es devaluación diaria. La horca sigue en pie y el turno es de quien proteste mañana.