Israel aprueba la pena de muerte para palestinos y desata la tormenta legal
La Knéset ha convertido este lunes la venganza en ley. Con 55 votos a favor y 9 en contra, el Parlamento israelí ha aprobado una reforma que impone la pena de muerte a los autores de "asesinatos terroristas", un concepto tan elástico que abarca desde lanzar una piedra hasta un atentado con cuchillo. La norma, redactada por el partido de Itamar Ben Gvir, no solo retorna a Israel al patíbulo 63 años después de colgar a Eichmann: legaliza la ejecución exprés de palestinos bajo ocupación militar.
La trampa del doble rasero
Los palestinos de Cisjordania serán juzgados por tribunales militares con una tasa de condena del 99 %, según datos del propio Ejército revelados por Haaretz. Los colonos israelíes, incluso cuando disparan contra una manifestación, pasarán por la justicia penal ordinaria, donde la reforma solo "permite" la pena capital. La abogada Miriam Azem, de Adalah, resume la ecuación: "Para un israelí, la horca es opcional; para un palestino, obligatoria".
La ley obliga a los jueces militares a dictar sentencia de muerte salvo que existan "circunstancias especiales", una salvaguardia tan vaga que en la práctica se convierte en letra muerta. Además, la fiscalía ya no necesita solicitar la pena máxima: bastará con la mayoría simple del tribunal, compuesto por oficiales de bajo rango sin obligación de unanimidad. El condenado será ahorcado en 90 días, sin commutación posible ni indulto militar. Solo el primer ministro podrá retrasar la ejecución por "razones especiales", una cláusula que convierte la vida de un prisionero en moneda de cambio diplomático.
El negocio de la muerte
La reforma llega cuando las prisiones israelíes acumulan 100 muertes palestinas desde el 7 de octubre, según Médicos por los Derechos Humanos. Muchas por tortura, otras por negligencia médica. Ahora el Estado eleva la apuesta: convertir esas celdas en correíllo legal. El verdugo actuará con el rostro cubierto, ante un público selecto: un juez, un médico, un rabino y un familiar de la víctima. El ritual se ocultará tras un velo de secreto que ya anticipa la campaña electoral de Ben Gvir: "Seguridad total, justicia cero".
La comunidad internacional reacciona con el manual de siempre: declaraciones de condena que no llegarán a sanciones. La ONU advierte que la ley viola los Pactos de derechos humanos que Israel mismo firmó. Pero en Jerusalén ya han hecho los cálculos: el coste diplomático pesa menos que el beneficio interno de una derecha que promete cadalso por voto. El presidente Biden, distraído en su campaña, ni ha mencionado la horca.
La próxima semana la Knéset debatirá el golpe de gracia: un tribunal militar especial para enjuiciar a los capturados por el 7 de octubre. Si la actual reforma ha servido para ensayar el mecanismo, la siguiente lo perfeccionará. Entre tanto, en Cisjordania los adolescentes que ayer lanzaban piedras hoy ya saben que pueden terminar colgados. La ocupación ha encontrado su símbolo definitivo: una soga que distingue entre quien puede vivir y quien debe morir.