La audiencia nacional paga 26 euros por cada día que un inocente pasó entre rejas
Ocho meses en la cárcel por un delito que no cometió y una indemnización que no alcanza para cubrir la renta de un estudio en Madrid: 6.400 euros, 26 euros por cada día que duró su infierno. La Audiencia Nacional ha cerrado así el caso de un hombre que ingresó en prisión preventiva en marzo de 2017 y salió absuelto en noviembre, cuando los registros policiales que sustentaban el acusación quedaron anulados por «el árbol envenenado». La teoría, aunque suene a poema judicial, dejó al acusado sin pruebas válidas y al Estado con la obligación de resarcirle.
La absolución llegó tarde y barata
El hombre, cuya identidad se mantiene bajo el paraguas del anonimato judicial, reclamaba 60.010 euros. Su abogado, Blay JD, argumentaba el «alejamiento forzoso» de su hija, la pérdida de una oferta laboral y los gastos de una defensa que tuvo que demostrar que no era un narcotraficante. La Abogacía del Estado contragolpeó con 6.200. El tribunal se quedó a mitad de camino: 6.400, cantidad que, según la sentencia, se ajusta a la «línea jurisprudencial» y que, por tanto, ni se discute ni se mejora.
La sentencia reconoce la «falta de criterios legales de baremación» pero se lava las manos. No hay tabla, no hay baremo, no hay ley que diga cuánto vale un día de vida robado. España compensa a los pasajeros de un vuelo retrasado con hasta 600 euros, pero al ciudadano que duerme en un colchón de presidio le entrega lo que cuesta una cena con menú degustación. La comparación duele más que la cifra.
El tribunal rechaza incluir el lucro cesante porque «no se acredita una relación laboral anterior» y tampoco los costes del proceso: esas pérdidas, dicta, se resarcen por la vía de costas, no por la responsabilidad patrimonial del Estado. Traducción: si no tenías trabajo antes de entrar, tu tiempo no vale nada; y si tuviste que pagar a tu abogado, que te devuelvan los honorarios depende de otra pieza separada.
El problema que nadie legisla
El despacho Blay JD ha encontrado en este caso el ejemplo perfecto de un «problema estructural». No hay tabla, pero hay precedentes; no hay ley, pero hay costumbre; no hay justicia, pero hay 26 euros diarios. La arbitrariedad se disfraza de jurisprudencia y la víctima se convierte en número dentro de una estadística que nadie actualiza desde hace décadas.
Mientras tanto, la bolsa de indemnizaciones por prisión preventiva injusta sigue creciendo. Cada absolución abre una nueva reclamación y cada nueva reclamación se resuelve con la misma fórmula: mirar lo que pagaron el año anterior y añadir unos euros por la inflación. El daño moral no se mide; el daño reputacional, tampoco. Solo importa el número de días y el valor que un tribunal le quiera dar a la libertad.
El hombre salió en noviembre de 2017. Han pasado más de seis años y la sentencia acaba de llegar. En ese tiempo ha visto crecer a su hija, ha perdido el miedo a abrir la puerta y ha aprendido que el reloj de la justicia se para, pero el suyo sigue corriendo. Los 6.400 euros llegarán a su cuenta y, con ellos, la certeza de que su historia se repetirá. El Estado ya tiene el precio listo: 26 euros por día. La verdad, como siempre, se esconde en los detalles y en la cuenta bancaria de quien pagó con tiempo lo que nadie puede devolverle.