La iglesia abre la caja de compensación a víctimas prescritas y ya hay dudas: '¿quién marcará el precio del daño?'
La firma del protocolo estatal de reparación para casos de abusos sexuales prescritos en la Iglesia católica ha puesto en marcha el reloj: el 15 de abril se abre la ventana para que cientos de supervivientes pidan una indemnización sin pasar por los tribunales. La música, según la asociación navarra de víctimas, suena a esperanza. Pero el coro aún no ha empezado a cantar.
La cuenta atrás empieza con una advertencia: 'sin baremos, el riesgo es la arbitrariedad'
Mikel Eziolaza, portavoz de AVIPIREN, resume la paradoja en una frase: «Entendemos que era necesario, pero sin vara única la desigualdad regresa por la puerta trasera». La experiencia previa —el sistema PRIVA creado por la Conferencia Episcopal en 2024— dejó un regusto amargo: indemnizaciones que oscilaron entre los 20 000 y los 120 000 euros para abusos idénticos, cometidos por el mismo religioso en el mismo colegio.
El nuevo mecanismo promete independencia: participan el Defensor del Pueblo, la Secretaría General de la CEE, la congregación Confer y el Ministerio de Justicia. Se habla de «comisión mixta» y de «reevaluación abierta» para quienes ya pasaron por PRIVA. Pero, de momento, no hay tabla de baremos. «Eso convierte la reparación en una negociación de saldo, no en un derecho», advierte Eziolaza.
La logística es sencilla: la víctima presenta su solicitud ante el Defensor del Pueblo, que la remite a la comisión. Esta tiene cuatro meses para pronunciarse. Si la admite, la cuantía se fija «según criterios de equidad». Traducción: cada historia tendrá que emocionar lo bastante como para merecer el cierre digno que el Código Penal le negó por prescripción.
En Navarra, la asociación calcula que al menos 120 supervivientes podrían acogerse al protocolo. Muchos superan los sesenta años y llevan décadas reclamando frente a muros de silencio. «No queremos que la edad se convierta en variable de descuento», subraya Eziolaza. La Iglesia ha reservado seis millones de euros para 2024-2025, una cifra que, repartida, alcanzaría apenas 50 000 euros por caso si todas las víctimas fueran atendidas.
El verdadero salto es político: por primera vez el Estado firma un acuerdo de reparación directa con una confesión religiosa. Eso coloca al Gobierno en la encrucijada de garantizar la equidad sin inmiscuirse en la autonomía interna de la Iglesia. «Estamos expectantes», concluye Eziolaza. «Dar el beneficio de la duda no significa cerrar los ojos. Si la vara de medir se dobla, volveremos a la plaza con las mismas ganas de justicia y con más pruebas que nunca.»