La justicia se atasca: suben los delitos y se disparan los casos pendientes
España cerró 2025 con 4,67 millones de expedientes tirados en los escritorios de los juzgados, un 3,4 % más que doce meses antes. La única jurisdicción que crece es la penal: allí donde entran denuncias por violencia de género, estafas o narcotráfico, la máquina judicial ya no da abasto.
El dato que nadie pidió pero que define el año
Mientras el Congreso debatía tramas de corrupción y la calle protestaba por la reforma del delito de sedición, los órganos judiciales recibían 7,55 millones de asuntos. Suena a cifra abstracta hasta que se traduce: cada día se presentaban 20.700 nuevos papeles en togados que ya resolvían 20.400. El margen es tan estrecho que basta una puntilla —una huelga de forenses, una baja médica en la Secretaría— para que el sistema sangre.
La sangría llegó disfrazada de “ligera mejoría”. El Consejo General del Poder Judicial celebra que el ingreso global bajó un 3,2 % y que se resolvió un 2 % más. Pero hay un matiz que el comunicado oficial obvia: los pendientes siguen creciendo porque la ratio de resolución apenas supera la de entrada. Es el goteo que colapsa la bañera pese a abrir más el desagüe.
Penal, la jurisdicción que no para
En 2025 llegaron a los juzgados de lo penal 3,55 milliones de causas, 48.000 más que en 2024. La subida parece nimia (1,4 %), pero es la única que escapa al descenso general. Ahí se esconde la radiografía social: más denuncias por hurtos en supermercados, más órdenes de protección rotas, más redes de clonación de tarjetas. El dato de ingreso se queda corto: los casos pendientes en esta jurisdicción se dispararon un 11,7 % y ya rozan el 1,26 millones.
El aumento no es casual. La policía judicial lleva dos años alertando de que los ciberdelitos simples —phishing, sextorsión, sim swapping— acaban en piezas separadas que duplican el trabajo: una para la víctima, otra para el servidor en Estonia, una tercera por blanqueo. La Audiencia Provincial de Madrid acumula 2.300 piezas solo por estafas con criptomonedas. El juez instructor pide “agilidad” y recibe a cambio una plantilla con 25 % de vacantes.
Civil al límite: menos entran, pero los que quedan son más gordos
La civil fue la que más se desinfló (-7,7 %), un alivio aparente. El truco estadístico se desmonta cuando se mira la complejidad: desahucios tras la nueva leid de vivienda, concursos de acreedores exprés, demandas millonarias por cláusulas suelo. Cada expediente engorda el tiempo que antes absorbían diez. El resultado: 2,67 millones de pleitos arrastran cola, casi los mismos que en 2024. El dato es estable, sí, pero establemente inasumible.
Los secretarios judiciales cuentan que el juicio verbal telemático —la gran apuesta digital— ahorra 40 minutos por vista… cuando funciona. En la práctica, un 28 % de las partes se conectan desde móviles con cobertura precaria y la sesión se aplaza. El ahorro se convierte en gasto doble: nueva notificación, nueva petición de actuaciones, nuevo turno en el calendario.
¿Dónde se rompe la soga?
Canarias lidera la litigiosidad: 202 asuntos por cada mil habitantes. Le sigue Madrid (166). La Rioja y el País Vasco, con 117 y 110 respectivamente, parecen islas de tranquilidad. Pero la paz es engañosa: en territorios con menos población, un macropleito —la indemnización por el accidente de Iberia o la liquidación de una cadena hotelera— dispara la media de golpe.
El verdadero termómetro es la duración media de los procedimientos. El CGPJ no lo publica desde 2022. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía calculan que un desahucio ordinario tardó 14,3 meses en 2025, tres más que en 2021. Una querella por delito fiscal: 67 meses. La sentencia llega cuando la empresa ya ha cerrado, el imputado ha prescrito o la víctima ha desistido.
El gobierno aprobó en diciembre 1.600 plazas de juez y 2.400 de secretario para 2026-2028. El sindicato Jueces para la Democracia advierte: “Si no se amplían organillos, servicios periciales y tecnología, los nuevos togados pasarán de firmar 80 sentencias al año a 120, pero seguirán sin solventar el cuello de botella”.
La solución no es solo números. En Barcelona, un juzgado de lo penal ha probado un turno nocturno de guardia parainstruir detenciones: reduce de 72 a 24 horas el tiempo hasta el primer trámite. En Valladolid, la sección de lo mercantil substituye el trámite de alegaciones por una videoconferencia preliminar: acorta seis meses el procedimiento. Son bolsas de oxígeno que no llegan al resto de la red.
Las mesas judiciales prevén un 2026 aún más duro. La leid del ‘solo sí es sí’ obligará a revisar condenas por abusos; la nueva regulación de los desahucios exprés sumará 40.000 ejecuciones hipotecarias; el fondo europeo de resiliencia exige litigios por subvenciones malversadas. El sistema aguanta por la inercia de los profesionales que, entre tapas de expediente y café frío, siguen firmando autos a las 22:45. Pero la grieta ya es visible: la justicia española funciona a velocidad de crucero… con un motor que empieza a humear.