La madrugada que hizo temblar a los fuertes de palomino
Las luces de Chiclayo aún estaban apagadas cuando 120 hombres del Diviac se desplegaron como un brazo invisible. A las 4:13 a.m. del 29 de marzo, el silencio se rompió con el golpe seco de 17 puertas derribadas a la vez. En el interior, seis sujetos —entre ellos un sargento de la PNP que firmaba partes mientras cobraba diezmos— no alcanzaron a tocar sus pistolas. La operación duró 43 minutos y dejó al descubierto el mapa completo de Los Fuertes de Palomino, la organización que llevaba tres años secuestrando tierras entre Lambayeque y Cajamarca.
El uniforme que dobló la marea
El nombre del policía activo apareció en cuatro interceptaciones telefónicas. No era un simple infiltrado: según el fiscal provincial Germán Montero Ugaz, el sargento L.C.C. cobraba 2 000 soles por cada lote que su grupo desalojaba y luego reocupaba. Llevaba el mismo distintivo que ahora lo esposaba. El hallazgo obligó a abrir un expediente paralelo en la Dirección de Asuntos Internos de la PNP. La ironía: el agente había recibido un diploma por «excelencia en servicios contra la usurpación» en 2022.
Los números hablan solos: 17 allanamientos, seis detenidos, tres capturas en flagrancia, cuatro armas cortas, cuatro escopetas, 4 300 balines y una caja fuerte con 84 000 soles en billetes de 20. Pero lo que más duele es la lista de damnificados: 34 familias que pagaban hasta 500 soles mensuales por «protección» de sus propios terrenos. Una de ellas, la familia Rivas, perdió 18 hectáreas de arrozales en Ferreñafe. «Nos daban 24 horas para irnos o quemaban la cosecha», contó a este diario María Rivas, de 67 años, mientras enseñaba el sobre donde guardaba los recibos de extorsión.
La frontera invisible que nadie marcó
La organización no tenía un jefe visible. Funcionaba a través de células de cinco personas que se reunían en casas de seguridad rotativas. La clave estaba en el nombre: Palomino no es un apellido, sino el código que usaban para referirse a los terrenos «blandos» —sin título de propiedad— en la frontera agrícola entre Chiclayo y Chota. Allí, el Estado peruano tiene registrados 11 840 lotes sin formalizar. Un botín en bruto.
El fiscal adjunto Rodolfo Albújar Álvarez explica que la banda usaba un sistema de doble venta: primero intimidaban al poseedor original, luego falsificaban escrituras y, por último, vendían el lote a un tercero a precio de ganga. En tres años, la Fiscalía calcula que movieron 3,2 millones de soles. El 30 % de ese dinero se iba en sobornos a notarios, regidores y, ahora sabemos, a un sargento que dormía en comisaría.
Lo que nadie contó es que la investigación empezó por un error de bulto. En diciembre pasado, un abogado chiclayino presentó una denuncia por usurpación. de un terreno que ya había sido vendido por Los Fuertes a otro cliente. El papeleo coincidió en el escritorio de la misma fiscal auxiliar. Fue el primer hilo que desentrañó la madeja.
El silencio que cuesta 500 soles al mes
El operativo no cierra el caso; lo abre. La Fiscalía prevé al menos 40 declaraciones de víctimas y una treintena de peritajes contables. El objetivo: desenterrar la red de testaferros que blanqueaba el dinero a través de agencias de vehículos y una funeraria en Chiclayo. El sargento detenido ya negocia una colaboración eficaz a cambio de rebaja de pena. Si habla, podría desnudar cómo la corrupción policial llegó a convertirse en un impuesto de facto para los campesinos de Lambayeque.
Mientras tanto, los Rivas y otros 33 apellidos vuelven a sus parcelas sin la certeza de que la extorsión haya terminado. La madrugada del 29 de marzo les devolvió la tierra, pero no la tranquilidad. La frontera agrícola sigue siendo un territorio sin ley, solo que ahora hay un sargento en celda y 84 000 soles bajo candado. No es justicia total, pero es la primera vez que Los Fuertes de Palomino pierden. Y en el norte, donde el crimen organizado se paga en cuotas, perder una sola vez puede ser el principio del fin.