La ocde pone el contador a cero: argentina no ha castigado a una sola empresa por cohecho externo en ocho años
Ocho años de ley. Cero empresas condenadas. La OCDE acaba de soltar la bomba que muchos temían: argentina avanza en papeles, pero no toca el fondo del problema. El cohecho internacional sigue siendo un delito sin dueño en los tribunales del país.
El informe que nadie en balcarce 50 quería leer
El Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE publicó este martes en París su radiografía más reciente. Reconoce “pasos adelante” desde 2017 —17 nuevas denuncias y la primera sentencia contra una persona física en 2025—, pero destapa una falla de origen: no existe un blindaje legal para quienes rompen el silencio. Sin denunciantes protegidos, la corrupción transnacional se mueve por la sombra.
La cifra habla por sí sola: desde 2017 ninguna persona jurídica fue investigada ni sancionada bajo la Ley de Responsabilidad Empresarial. El texto, aprobado en 2017 con bombos y platillos, sigue siendo un adorno en el Código Penal. La OCDE habla de “barreras estructurales” y se queda corta: los plazos se vencen, las pruebas se desvanecen y los jueces suplentes acumulan expedientes en montículos que nunca llegan a juicio.
Cuando la burocracia come los casos
El organismo pone el dedo en la llaga: la Procuraduría de Criminalidad Económica (PROCELAC) y la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos (DAJUDECO) han crecido en análisis y cooperación interna, pero el sistema judicial las deja correr con rienda suelta. Faltan jueces, sobran vacantes y el Código Procesal Penal Federal se aplica a medias según la jurisdicción de turno. Resultado: los casos se extinguen antes que los plazos de prescripción.
La OCDE no pide más leyes; pide que se cumplan. Su receta es breve y contundente: protección real a quienes denuncian, cronogramas judiciales sin dilaciones y una política de recursos humanos que sane los tribunales federales. Lo contrario, advierte, condena a argentina a seguir en la lista de los países que miran para otro lado cuando el soborno cruza la frontera.
Ocho años después, la ley sigue intacta y la verdad sigue escondida en los detalles que nadie quiere tocar. La próxima evaluación será en 2028. Si el cuadro no cambia, la OCDE podría pasar de la recomendación al boicot diplomático. El reloj ya corre.