Lima en retroceso: la descentralización, un fracaso a gran escala
Mientras los peruanos caminan por las calles de Lima, una estadística escalofriante confirma lo que muchos sospechaban: Perú ha retrocedido en el Índice de Progreso Social. No es una simple fluctuación, sino la materialización de una inoperancia estatal que se ha enquistado durante años, un problema que el debate político superficial parece incapaz de abordar.
La ilusión de la cercanía: descentralización sin resultados
La descentralización, presentada como la panacea para acercar el Estado al ciudadano y mejorar la calidad de los servicios, se ha convertido en un gigantesco pozo sin fondo. Los gobiernos regionales y, particularmente, las municipalidades han amasado una ingente cantidad de recursos públicos, pero la traducción a mejoras tangibles en la vida diaria es prácticamente nula. La cifra lo dice todo: el año pasado, las municipalidades administraron más de 30.000 millones de soles en inversión pública, superando con creces al Gobierno nacional y duplicando la inversión de los gobiernos regionales. Pero, ¿qué queda de esa inversión?
El nivel de ejecución apenas alcanzó el 70%, una tasa risible en comparación con el 90% de los otros niveles de gobierno. El problema no radica únicamente en la cantidad de dinero que se asigna, sino en la incapacidad de convertir esos fondos en proyectos concretos y beneficios para la población. Acusar a la gestión es simplista; el verdadero problema reside en el diseño mismo del sistema.
Los municipios, supuestamente diseñados para ser “los más cercanos al ciudadano”, se encuentran sobrecargados de funciones, operando bajo una premisa que ignora la realidad de sus capacidades. Y para colmo, la planificación es inexistente: iniciaron el año con un presupuesto y terminaron administrando casi el doble, un ejercicio de contabilidad que desafía la lógica. ¿Cómo se espera obtener resultados cuando ni siquiera se sabe con qué recursos se cuenta desde el principio?
Pero el dato más revelador, el que debería encender todas las alarmas, proviene del Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) 2025. El 72,7% de los funcionarios municipales admite necesitar capacitación en administración tributaria, el 66,5% en formulación y evaluación de proyectos públicos y el alarmante 75,8% en procesos administrativos. Es decir, quienes tienen la responsabilidad de transformar recursos en servicios reconocen, abiertamente, que carecen de las herramientas necesarias para hacerlo. La pregunta que surge es inevitable: ¿cómo fueron seleccionados estos profesionales? ¿Primaron criterios técnicos y meritocráticos, o prevalecieron los lazos políticos y la cercanía al poder?
La desarticulación entre los diferentes niveles de gobierno es palpable y sus consecuencias son devastadoras. Recursos desperdiciados, proyectos estancados y servicios que no llegan a quienes más los necesitan. El retroceso en progreso social, por lo tanto, no es una mera estadística, sino la consecuencia directa de decisiones públicas deficientes.
Es hora de que los políticos dejen de jugar con las apariencias y se pongan las pilas. Profesionalizar el servicio civil, fortalecer las capacidades de los funcionarios y ordenar la asignación de funciones no es una opción, es una obligación. La descentralización, tal como está concebida actualmente, es un experimento fallido que está dilapidando los recursos del país y condenando a millones de peruanos a la precariedad. El problema está diagnosticado, la evidencia es irrefutable. Ahora, la pelota está en el tejado de quienes aspiran a gobernar: ¿tendrán la valentía de abordar esta crisis de fondo?