Machu picchu planta la semilla de la guerra contra el fuego: un millón de árboles nativos para salvar la joya de los incas
El viento que azota la ladera de Machu Picchu ya no solo carga niebla: lleva ceniza. Los incendios del último año calcinaron 120 hectáreas del santuario y dejaron el suelo tan desnudo que hasta el pisotón de un turista cruje como hueso. Por eso, cuando la ministra Nelly Paredes del Castillo clavó la primera queuña en tierra este jueves, lo hizo con la furia de quien sabe que la próxima temporada de sequía empieza en cuatro meses.
La campaña “Un millón de árboles” no es un acto de propaganda verde. Es la hoja de ruta de un Estado que se quedó sin excusas: el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) ya no puede tapar con brochazos los deslizamientos que cada invierno arrastran piedra y mierda hasta el río Vilcanota. La solución pasa por devolverle al Ande su manta vegetal: alisos, tarales, chachacomos y saucos que beben la niebla y la convierten en agua que la ciudad de Cusco sigue creyendo eterna.
El pacto de la cuchara de palo
En la plaza de Choquellusca, Yeni Baca agitó una cuchara de palo como quien blande un sable. Es presidenta de la comunidad que durante siglos custodió estos andenes y ahora ve cómo el fuego les devora la memoria. “No queremos árboles de adorno”, espetó antes de enterrar una aliso. “Queremos que vuelvan los zorros y que los turistas paguen por verlos, no por pisotearlos”. Su gente firmó un acuerdo de 40 páginas que nadie leyó en voz alta: el Gobierno aporta plantones, Profonanpe el dinero y ellos el trabajo. Y la vigilancia. Y el machete si hace falta.
El alcalde de Ollantaytambo, Paull Palma, calcula que cada árbol costará 22 soles entre plantar, proteger y reemplazar el que muera. “Barato si lo comparamos con los 4 000 soles que gasta PromPerú en cada turista que sube al Wayna Picchu para hacerse la selfie”, me dijo mientras señalaba un costado donde ya brotan 7 000 queuñas de 30 centímetros. La cifra habla por sí sola: el santuario recibe 1,5 millones de visitantes al año y genera 60 millones de dólares en entradas. De eso, apenas 1 % regresa al bolsillo de las comunidades que mantienen viva la ruina.
El enemigo tiene nombre y motosierra
El último incendio arrancó en agosto, cuando un grupo de agricultores quemó pastizales para ampliar maizales. El fuego se escapó, trepó 400 metros de desnivel y tardó cinco días en apagarse. La culpa no fue del clima: fue de la Ley 30230 que en 2014 redujo a ceniza la protección penal contra quien tal dentro de áreas protegidas. La pena máxima bajó de diez a cuatro años y los fiscales olvidaron el código. Resultado: en los últimos ocho años se han perdido 450 hectáreas de bosque andino que no van a regenerarse sin ayuda.
Por eso la campaña incluye un anillo de 200 guardianes pagados que recorrerán 37 000 hectáreas con GPS y radio. El primer día ya encontraron una motosierra abandonada y dos sacos de semilla de coca. Nadie fue detenido. El jefe del santuario, Vladimir Ramírez, lo resume así: “Estamos sembrando árboles y confianza, pero la segunda crece más lento”.
El reto es brutal. Cada queuña tarda 80 años en alcanzar los 20 metros. El turista promedio pasa 2,5 horas dentro del sitio. La brecha entre ambos tiempos es el verdadero abismo que el Perú debe cerrar si quiere que la próxima selfie no sea una tumba de piedra envuelta en humo.
La ministra se fue en helicóptero antes del mediodía. Quedaron 999 999 árboles por plantar y una promesa: si en cinco años sobrevive el 70 %, Cusco tendrá agua para beber hasta 2050. La cifra habla por sí sola: o germina la semilla o nos secamos juntos.