Merz planea devolver a 720.000 sirios: la factura de 15 años de refugio alemán
Friedrich Merz ha marcado la fecha límite: 80% de los sirios que viven en alemania deberán estar de vuelta en Damasco antes de que termine la próxima legislatura. La cuenta atrás empieza con 720.000 personas y un cheque de 200 millones de euros para que Siria parezca lo suficientemente atractiva como para que naden de vuelta por el Mediterráneo.
La cifra habla por sí sola: 900.000 sirios en territorio alemán, el mayor colectivo de refugiados del país desde 2015. Merz lo ha dejado claro ante Ahmed al Shara, el hombre que Occidente aún no sabe si llamar presidente o interino: «El retorno no es voluntario, es la expectativa». La frase suena a ultimátum disfrazado de cooperación.
El pacto a puerta cerrada
Tras la reunión en la cancillería, ambos líderes han salido a la sala de prensa con un guion que parecía ensayado. Al Shara necesita mano de obra para reconstruir lo que la guerra dejó en escombros; Merz necesita votos que le devuelvan la estabilidad a una Unión Cristiano-Demócrata que pierde fuelle en los sondeos. El trueque: devolver profesionales formados en alemania a cambio de contratos para empresas alemanas en zonas de reconstrucción. La ironía: muchos de esos médicos e ingenieros huyeron precisamente de los bombardeos de Assad, padre del régimen que Al Shara ayudó a derrocar.
El mecanismo es brutalmente simple. Los sirios sin pasaporte alemán y con antecedentes penales —aunque sea una multa por coger un metro sin billete— pasan a la primera línea de expulsión. El resto recibirán «incentivos»: un bono de retorno que en la práctica es un cheque para comprar un billete de avión de una sola dirección. El modelo ya se probó con Afganistán en 2021. Fracasó: la mitad de los deportados regresó a alemania en menos de un año.
El negocio que se esconde detrás
Mientras Merz habla de «solidaridad», su ministro de Desarrollo porta en la carpeta un dossier de 47 páginas que detalla oportunidades de inversión: cementeras, plantas solares, hospitales públicos por concesión. El dinero de la cooperación no es regalo; es adelanto para que Siemens, Hochtief y Bayer facturen después. La condición: que Damasco apruebe una ley de expropiación exprés que permita a las empresas alemanas operar bajo jurisdicción siria pero con arbitraje en Frankfurt. El colonialismo del siglo XXI ya no necesita barcos, solo cláusulas.
En la acera de enfrente, 200 activistas de «Berlin gegen Rassismus» corean «Nadie es ilegal». Llevan pancartas con la foto de Alan Kurdi, el niño ahogado en 2015 que cambió la política migratoria de toda Europa. Siete años después, la misma imagen sirve para pedir que no se repita la expulsión masiva. La policía monta un cordón, pero el mensaje ya ha entrado en el edificio: Merz juega con fuego en un país que aún se avergüenza de los campos de refugiados de Moria.
La jugada final se escribe en la sombra: si Al Shara garantiza seguridad jurídica —léase: blinda a las empresas alemanas de nacionalizaciones—, Berlín desbloqueará 1.200 millones adicionales hasta 2027. El dinero sale del mismo fondo que financió la llegada de refugiados en 2015. Ahora se invierte en que esas mismas personas regresen. El círculo se cierra: la misma guerra que los expulsó les paga el billete de vuelta. La diferencia es que esta vez el avión no tendrá asientos de regreso.