Bruselas obliga a polonia y rumanía a pagar 1.900 millones a pfizer por vacunas rechazadas
Polonia y Rumanía acaban de recibir una factura demoledora de la justicia belga: 1.300 millones y 600 millones de euros, respectivamente, por vacunas de COVID-19 que firmaron, luego rechazaron y nunca pagaron. La pandemia se fue, la demanda se quedó.
El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha fallado a favor de Pfizer en el pulso judicial que la farmacéutica abrió en 2023 contra ambos Estados. La clave del litigio: el contrato blindado que la Comisión Europea rubricó en 2021 con la compañía, que comprometía a los países miembros a aceptar —y abonar— millones de dosis aunque la situación sanitaria cambiase.
El contrato que no preveía un final de pandemia
El acuerdo firmado por Ursula von der Leyen y el entonces consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, incluía cláusulas de take-or-pay: Europa se comprometía a comprar hasta 900 millones de dosis con opción a otras 900 millones. El objetivo era blindar el suministro, pero también encerró a los Estados en una trampa legal cuando la campaña de vacunación se desplomó y los frigoríficos se llenaron de viales sin usar.
Varsovia y Bucarest argumentaron que la caída de la incidencia y el rechazo de la población convertían las dosis en residuos farmacéuticos. Bruselas respondió que la cláusula era clara: firmar es pagar. Pfizer, que ya había producido y almacenado las vacunas, reclamó el importe íntegro.
El precedente que inquieta a los ministerios de hacienda
La sentencia abre la vía para que el resto de países que rechazaron dosis —entre ellos España, que devolvió 30 millones de viales en 2022— puedan recibir demandas similares. El ministerio de Hacienda polaco ya ha anunciado que recurrirá; el rumano guarda silencio mientras calcula el impacto: 600 millones equivalen al 0,2 % de su PIB.
La factura global de la pandresa europea acaba de subir unos cuantos ceros. Y esta vez no es una cifra estadística: es un cargo en la cuenta corriente de los contribuyentes.