Nueve empresarios ejecutados en seis meses: la lista que nadie quiere encabezar
México convirtió el negocio en una sentencia. Nueve empresarios han sido secuestrados o asesinados entre octubre de 2025 y marzo de 2026, un semestre que empieza a parecerse a una purga sistemática contra quienes mueven la economía regional. El último nombre es el de Rafael Tirado Lizárraga, frutero de Mazatlán, ejecutado dos días después de su desaparición. El primero fue Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero de Michoacán, hallado con un tiro en la cabeza tras denunciar la extorsión del crimen. Entre ambos, siete historias más que convergen en un mismo patrón: liderazgo gremial, territorio en disputa y una autoridad que siempre llega tarde.
El mapa del miedo: de sinaloa a veracruz
La violencia no entiende de sectores. Citrícolas, restauranteros, tequileros, transportistas y gasolineros han caído en una franja que abarca seis estados. En Veracruz, Javier Vargas Arias fue acribillado en plena carretera por un comando con equipo militar. En Jalisco, José Adrián Corona, dueño de Grupo Corona, apareció sin vida tras un secuestro express sin rescate. En Zacatecas, dos empresarios potosinos fueron encontrados en una fosa; en Guanajuato, un ex candidato fue liberado apenas horas después de su captura gracias a un operativo que dejó un delincuente muerto. La geografía del terror es tan diversa como la economía mexicana.
Lo que une cada caso es la exposición. Todos habían recibido amenazas, todos eran referentes en sus comunidades y todos operaban en zonas donde el crimen organizado cobra “derecho de piso” con cuotas que van desde los 5 mil hasta los 50 mil pesos mensuales. El mensaje es claro: liderar un gremio o simplemente prosperar sin pagar es un delito castigado con bala.
La hora de las cámaras: entre el llanto y la cuenta de resultados
La Canacintra ya no envía solo comunicados: pide un plan de seguridad con fecha y firma. La Coparmex aporta la cifra que nadie quería tener: el 46,8 % de las empresas sufrió al menos un delito en 2025, y la extorsión ya supera al robo como principal quebraadero. El gremio restaurantero calcula que cada cierre temporal por violencia cuesta 30 mil pesos diarios en promedio; el tequilero teme que la inversión extranjera se desvíe hacia Brasil o Perú si no hay garantías. El clamor ya no es por justicia; es por seguir abriendo la cortina.
Mientras tanto, las fiscalías estatales repiten el mantra de “investigaciones abiertas” y prometen refuerzos que nunca llegan a tiempo. En Colima, el cuerpo de Eduardo Ochoa Arias, exportador de plátano, apareció maniatado y envuelto en plástico a 300 metros de un retén militar. En Sinaloa, Arnulfo Aguilar, el “rey del gasolinero”, fue rescatado con vida apenas 24 horas después, un milagro que no oculta la regla: si no hay operativo express, el final es el campo de tiro o la fosa clandestina.
El país que presume ser la novena potencia exportadora agrícola mundial está dejando que sus productores sean cazados como piezas de caza mayor. La lista de nueve nombres puede convertirse en noventa si la protección sigue siendo un patchwork de ruedas de prensa y patrullas que llegan cuando ya no hay nada que proteger. El sector privado ya no pide solidaridad: pide un plan de seguridad nacional con KPIs, presupuesto blindado y cadena de mando única. De lo contrario, la siguiente nota será un decálogo de víctimas y un epitafio para la confianza inversionista.