Perú blinda el gasto contra la mafia: la uif y migraciones entran en la mesa del dinero

El Perú acaba de abrir la caja negra del crimen. Mientras Lima despliega 500 fichas sobre el tablero migratorio, el Gobierno firma en silencio una resolución que obliga a la UIF, Migraciones y al INPE a decidir cómo se gastará cada sol contra las bandas. La jugada llega cuando el lavado ya mueve 22.800 millones de dólares y las cárceles siguen siendo la central telefónica de los extorsionadores.

El dinero sucio se sienta en la mesa del presupuesto

Hasta ayer, la Unidad de Inteligencia Financiera solo miraba. Ahora tiene voz y voto para marcar qué partidas se destinan a rastrear los depósitos fraccionados que usan Los Injertos del Cono Norte para blanquear cinco millones de soles. La resolución del MEF no es un protocolo más: obliga al Ministerio de Economía a diseñar un programa técnico donde la ruta del dinero defina la ruta del gasto. El mensaje es crudo: si la banda compra lavadoras de dinero, el Estado comprará software para hundirlas.

La inclusión de la UIF rompe la lógica tradicional. Antes, el presupuesto de seguridad se repartía entre policías y fiscales. Ahora, un contador de la UIF puede frenar un millón destinado a patrullas si detecta que esa misma cantidad ingresó al sistema bancario en ventanillas de S/. 200. Es la primera vez que la lucha contra el lavado se traduce en líneas de Excel presupuestario.

Migraciones sale del mostrador y entra al mapa del crimen

Migraciones sale del mostrador y entra al mapa del crimen

El control migratorio deja de ser solo pasaporte y sellos. La resolución convierte a Migraciones en analista de rutas: deberá señalar qué partidas permiten seguir a los venezolanos que llegan hoy y mañana ya están en la Costa Verde robando oro para minas ilegales. La fuga de cerebros se volvió fuga de delincuentes: la banda que asaltó en San Miguel llegó en convoy y some de sus integradores ya cruzaron la frontera hacia Ecuador antes de que la víctima firmara la denuncia.

El nuevo grupo de trabajo obliga a Migraciones a entregar datos en tiempo real para que el MEF baje el telón a cualquier proyecto que no incluya alertas fronterizas. La orden es clara: si el delito viaja, el dinero no.

El inpe, entre rejas y presupuesto

El inpe, entre rejas y presupuesto

El Instituto Nacional Penitenciario entra al equipo sin embargo lleva dos fugas en lo que va de año y la sombra de una nueva entidad que lo reemplazará. La ironía: mientras el Gobierno anuncia su liquidación, el INPE tendrá que firmar cómo se gastan los millones para evitar que los internos sigan mandando órdenes de extorsión desde los pabellones. La resolución obliga a incluir partidas para bloquear celulares, blindar hospitales y pagar informantes dentro de los penales. El presupuesto se vuelve candado: si no hay control dentro, no hay plata fuera.

La medida llega tarde para los agentes que en Enero perdieron de vista a dos reos en un hospital de Lima, pero llega con una cifra demoledora: 5.700 alertas de minería ilegal en una década y un 70 % de operaciones criminales que usan cárceles como switchboard. El mensaje al INPE es brutal: o cierra las puertas al negocio o el negocio cerrará sus puertas.

330 Días para justificar por qué el dinero no alcanzó

El grupo de trabajo no recibirá un sol extra. Tendrá casi un año para entregar un informe que, en teoría, cambiará la forma en que Perú gasta contra las mafias. Mientras tanto, las bandas siguen lavando, cruzando y llamando desde adentro. La resolución se firma hoy, pero la próxima marcha de protesta ya anuncia su fecha: cuando el informe llegue al Congreso y se sepa que, otra vez, el dinero se quedó en el papel.

Perú acaba de descubrir que el enemigo ya no es solo el delincuente con pistola: es el Excel que mueve millones, el pasaporte que sale sin revisión y el teléfono que suena desde un penal. La pregunta no es si servirá el plan. La pregunta es cuántos millones habrán desaparecido antes de que el primer párrafo del informe vea la luz.