Ejecutan desde telegram la caza de feministas en etiopía: deepfakes, robos y órdenes de muerte
Yordanos Bezabih desayunaba cuando el móvil vibró: una foto suya desnuda corría por Telegram con la leyenda «localícenla y acídulenla». Eran las 7:30 de un martes cualquiera en Addis Abeba y, en menos de lo que tarda un café en enfriarse, 6.000 usuarios ya repartían su dirección, su rutina y su precio.
La activista etíope, 34 años, llevaba una década denunciando violaciones de guerra y matrimonios infantiles. Nunca se había planteado exiliarse. Pero en 2025 la violencia migró de los campos de batalla a su buzón de entrada: primero llegaron los deepfakes, luego el acoso callejero con móviles en la cara y, por último, la irrupción de unos ladrones que solo se llevaron el portátil. «Fue un mensaje claro: saben dónde vivo», cuenta ahora desde un país que prefiere no revelar.
Del frente de tigray al feed de tiktok
La guerra del Tigray normalizó la violencia sexual como arma. Los generales lo negaban, pero los soldados grababan los abusos y los subían a Facebook. Meta pagó 1.000 millones de dólares en multas, pero nunca devolvió la dignidad de las víctimas. El efecto colateral: un ejército de influencers conservadores que descubrió que insultar a una feminista subía los likes más rápido que cualquier bufanda de la bandera nacional.
El Centro para la Resiliencia de la Información (CIR) analizó 400.000 publicaciones en amhárico, oromo, tigrinya e inglés. Conclusión: el 73% del discurso de odio dirigido a mujeres en redes etíopes incluye llamadas a la violencia real. «Se ha vuelto invisible, como el aire que respiras y que te envenena», resume el informe que naden en Addis Abeba quiere firmar.
Lella Misikir lo vivó en sus carnes. Su campaña «Mi silbato, mi voz» invitaba a pitar a los acosadores. Un videoclip se viralizó: 400.000 reproducciones, 12.000 insultos. La llamaron «esclava», «lesbiana», «anti-etíope». Un tiktoker con 1,3 millones de seguidores publicó su foto junto a la bandera LGBT y escribió: «Aquí tienen a la próxima». Dos semanas después abandonó su casa; ahora sobrevive con visados de estudio en Europa.
El estado ausente que factura en gigabytes
El gobierno de Abiy Ahmed prometió en 2022 una unidad de ciberdelitos. Presupuesto asignado: cero. Personal contratado: ninguno. «Nunca he visto una sola orden de detención por TFGBV», dice Befekadu Hailu, que dirigía el Centro para la Promoción de los Derechos. «Lo que sí he visto es a víctimas que van a denunciar y les devuelven el pasaporte con la frase: “Cámbiese de número y no suba tantas fotos”».
Mientras tanto, Telegram se niega a moderar canales en lenguas locales. Facebook tarda 44 horas en retirar un deepfake de una activista, según datos internos filtrados a este diario. El negocio del odio es rentable: cada click violento prolonga el tiempo de permanencia en la plataforma y, con él, el ingreso por publicidad.
Un éxodo que no cuenta visas
Organizaciones de derechos humanos documentan al menos 17 activistas que han huido desde 2023. La cifra parece pequeña hasta que se mira el contexto: Etiopía solo tiene 14 refugios para mujeres en todo el país y la policía registra el acoso digital como «falta leve». «No necesitas matar a miles; basta con crucificar a una en la plaza pública para que el resto se calle», resume la activista que aún vive en Addis y que, por eso, pide el anonimato.
Yordanos Bezabih sueña con volver. «Pero no a cualquier precio». Desde el exilio coordina talleres de seguridad digital para adolescentes. En la última sesión solo acudieron tres chicas: el resto tenía miedo de que sus padres descubrieran que usan VPN. «El miedo se hereda por WhatsApp», ironiza.
La última vez que accedió a su cuenta clonada, encontró 1.300 mensajes sin leer. Uno rezaba: «Diles que ya compramos el ácido». Ella lo archivó, respiró hondo y apagó el móvil. El silencio que quedó después huele a pólvora digital.